Se cumplen diez años de los procesos constituyentes ecuatoriano y boliviano, que formalmente concluyeron con la aprobación de dos textos constitucionales que bien podrían ser calificados como las propuestas más ambiciosas de todo el continente por lo que se refiere a la reconfiguración del poder estatal. El horizonte transformador de tales textos se podría condensar en tres dimensiones de la justicia: social, ecológica y cultural.
En efecto, más allá de suponer una profundización del compromiso redistributivo, el compromiso por la igualdad material se desarrolla en el plano ambiental y cultural. En el plano ambiental, ambos textos fundamentales, aunque especialmente el ecuatoriano, incorporan principios, derechos y mandatos dirigidos a los poderes públicos que buscan condicionar el desarrollo económico a las exigencias de protección de los ciclos de vida, a partir de una suerte de giro biocéntrico. Algunos de sus productos más novedosos los encontraríamos en la consagración del principio de Buen Vivir o en la consideración de la Naturaleza como sujeto de derechos (para el caso ecuatoriano, en el propio texto constitucional).
Sin lugar a dudas, tanto las previsiones orientadas a la justicia social como las referidas a la justicia ambiental o ecológica, suscitan un enorme interés y, diez años después del inicio de su vigencia, merecen un análisis capaz de valorar sus alcances. Ahora bien, el presente texto opta por centrarse en la tercera de las dimensiones apuntadas, en la justicia cultural y, dentro de los ámbitos que la misma incluye, la distribución territorial del poder como aspecto básico en la realización del horizonte plurinacional del Estado.
La ponencia aborda, en primer lugar, el modo en que, a grandes rasgos, las Constituciones ecuatoriana y boliviana asumen la propuesta de justicia cultural, como reconocimiento y propósito de igualación, formal y material, de las culturas, pueblos o naciones indígenas. Al hacerlo, veremos cómo dicho propósito queda condensando en la incorporación a la forma del Estado del atributo de la plurinacionalidad, al que se suma, de modo necesario, el de interculturalidad. Tras ello, nos referiremos a una de las principales realizaciones de la plurinacionalidad, cual es el de la reconfiguración territorial del poder a partir del reconocimiento del derecho de autogobierno de los pueblos indígenas (que para el caso boliviano se reconoce en términos de libre determinación como pueblos).
Casi una década después no parece tan claro que se pueda afirmar que nos hallamos ante una “década ganada” en el camino de la (re)construcción plurinacional del Estado para los casos ecuatoriano y boliviano. El análisis que realiza la ponencia nos habla de los obstáculos, muchos de ellos no superados, que ha tenido que enfrentar la construcción de las autonomías indígenas, entendidas como piezas clave del proyecto plurinacional.
El trabajo pretende fundamentar una serie de conclusiones al respecto. En primer lugar habría que entender la lentitud y sobresaltos de los procesos de reconocimiento efectivo del autogobierno indígena como consecuencia directa de su potencial transformador. En efecto, la superación del paradigma liberal basado en el reconocimiento de derechos para, junto con ellos, abordar el reconocimiento de sujetos y de su poder como tales, apunta el fin del Estado nación y de su obsesión por superar (u ocultar, al menos) la heterogeneidad de los ámbitos y sujetos en que toma cuerpo la soberanía popular.
En este sentido, las dificultades con las que se han tenido que enfrentar los procesos estatuyentes nos hablarían de que pueden llegar a suponer, por sí mismos, una continuidad constituyente, realidad siempre difícil de ser aceptada por los poderes constituidos derivados de un proceso constituyente (formalmente) concluido.
La contradicción estaría en que el impulso del desarrollo nacional y la prestación de servicios públicos se entenderían, para los casos de Ecuador y Bolivia, necesitados de un Estado fuerte, eficaz administrativamente, y dicha fortaleza se vería reñida con la construcción de autonomías cuya razón de ser puede incluso llegar a oponerse a la idea misma de desarrollo (nacional). Habría pues, una tensión en la realización simultánea y no infra ordenada, de las tres dimensiones de justicia apuntadas al inicio de este trabajo: la justicia social, la cultural y la ambiental.
Con espíritu de mantener vivo un debate que permita proyectar escenarios de superación de los obstáculos advertidos, merece la pena subrayar que esta década de vigencia de los textos constitucionales ecuatoriano y boliviano nos ofrece interesantes aprendizajes. En definitiva, las dificultades que está enfrentando el Estado Plurinacional nos hablarían de las resistencias a un proyecto que, en efecto, persigue horizontes descolonizadores. Tales horizontes impugnaría la incapacidad mostrada por el Estado nación para conjugar las distintas justicias y hacer efectiva la igualdad entre sujetos, individuales y colectivos.
Como indica Bauman, los operadores políticos y los portavoces culturales de la actual “fase líquida” de la modernidad habrían “abandonado el modelo de justicia social como horizonte último de una secuencia de ensayo y error, sustituyéndolo por una norma/estándar/medida de 'derechos humanos' concebida para guiar la inacabable experimentación con formas de cohabitación satisfactorias, o al menos aceptables”. Tales operadores políticos, prosigue el mismo autor, “no han podido abandonar, en cambio, el modelo de justicia cultural por la sencilla razón que jamás lo incorporaron, ni tan siquiera de manera discursiva. En efecto, respecto de la secular exclusión y desigualdad de los pueblos indígenas la respuesta se ha formulado tan solo muy recientemente y de manera exclusiva ligada al reconocimiento de derechos humanos, que, cuando mucho, se vincularían a tratar de lograr “formas de cohabitación al menos aceptables”.
Frente a la fragilidad de dicha propuesta, la (aparente) cohabitación entre sujetos que se relacionan desde la desigualdad y a quienes amparan derechos desiguales, se erige el Estado plurinacional, aún más como proyecto que como realidad, y el efectivo despliegue de una descentralización territorial del poder basada en la realización de la libre determinación de los pueblos indígenas.