Este artículo analiza las tensiones entre las percepciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre la desigualdad económica, las políticas públicas con la que sus gobiernos intentaron darle respuesta y los resultados alcanzados en tres entidades del país, cuyas realidades son contrastantes en términos políticos y económicos: Ciudad de México (1997-2018), Baja California Sur (1999-2011) y Chiapas (2000-2012).
La discusión que se desarrolla en el trabajo busca dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿cómo conciben el PRD y sus gobiernos a la desigualdad económica?, ¿cuáles son los planteamientos que orientan sus políticas públicas para tratarla?, ¿cuáles son las características de las asimetrías económicas en las tres entidades?, ¿qué diferencias tienen las políticas públicas de la izquierda frente a las de la derecha en esa materia?, ¿cuál ha sido el comportamiento de las principales variables económicas relacionadas con la desigualdad –inversión, Producto Interno Bruto, empleo-desempleo, salarios y gasto público– durante el tiempo que el PRD gobernó estos estados?, ¿qué impacto han tenido los gobiernos perredistas en la distribución del ingreso y los niveles de la pobreza?
El texto está organizado en cinco apartados además de esta introducción y de las reflexiones finales. En la primera parte, se exponen las principales percepciones perredistas sobre la desigualdad económica. La segunda, esboza las características históricas de la desigualdad en las tres entidades. En la tercera, se discute el auge de la equidad en las políticas públicas y el desplazamiento del valor de la igualdad como referente de la izquierda partidista. La cuarta parte, trata sobre las diferencias entre las políticas públicas de la izquierda y la derecha. En la quinta, se analiza la dinámica de las principales variables económicas, como resultado de decisiones de política pública y su impacto en la desigualdad.
El argumento central supone que la relación entre política pública y desigualdad económica no puede reducirse al análisis de los programas sociales contra la pobreza, por más efectivos que sean y porque la desigualdad, no significa sólo pobreza. Alude más bien, a un sistema de mecanismos de acaparamiento de ventajas y oportunidades, de monopolización y expropiación de recursos, que al mismo tiempo que privilegian la vida de ciertos sectores sociales, precarizan la de muchos otros, excluyendo y limitando sus accesos al bienestar.
De ahí que, el vínculo entre la política social y la pobreza, no sea el único que pueda explorarse para comprender lo que hacen los gobiernos de izquierda frente a la desigualdad. Y aunque en efecto, sea al que más acudan y promocionen dada su rentabilidad política, existen otras posibilidades analíticas. La explicación de la preferencia por dicha relación, se halla en la perspectiva con la que el PRD concibe a la desigualdad, que aunque en un principio se observa anclada a la concentración del poder político y a la subordinación de los estados a la federación, con la transición hacia la democracia pierden fuerza explicativa, dejando exclusivamente al neoliberalismo como factor propiciatorio. Y sí, el neoliberalismo, tuvo impactos en el crecimiento de la desigualdad económica y también en el enfoque que esta recibe, porque atrajo la atención de los gobiernos hacia los pobres, sus carencias y privaciones, explicándolas como problemas de capacidades individuales, dejando de lado el proceso sistemático de exclusión en el que está inserta la acumulación de riqueza.
Como parte de la influencia del neoliberalismo la mirada de la izquierda se decanta hacia la pobreza, cobrando importancia para las políticas públicas, los individuos y sus capacidades de realización en términos de alimentación, salud, educación y con ello, un modelo de justicia social que desplaza el valor de la igualdad por el de la equidad: a cada quien según lo que consiga competiendo en el mercado. Bajo esa dinámica son pocas las probabilidades reales de reducir la desigualdad económica, particularmente, porque la intenciones para procesarla se limitan a programas sociales que cumplen una función compensatoria frente una política económica que no difiere a la de otros signos políticos: atraer inversión privada, aumentar las inversiones públicas, incrementar los salarios, fomentar la capacitación para el trabajo y mejorar la conexión entre la oferta y demanda de empleo, pero que además no expresa cambios significativos en los niveles de desigualdad.