Contar con datos oficiales sobre criminalidad y violencia es fundamental para visibilizar los problemas y para poder tomar decisiones y diseñar políticas públicas basadas en la evidencia. ¿Qué datos sobre seguridad pública existen y cuáles se registran? ¿Qué actores y agencias los registran? ¿Qué compone y qué no el universo de la evidencia? El objetivo de este artículo es trabajar sobre estos interrogantes y brindar una sistematización sobre la producción de datos sobre seguridad pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemporánea. El circuito de recolección, documentación, análisis, procesamiento y publicación de datos es un proceso complejo e involucra una multiplicidad de actores y miradas. Así, comprender cómo se confeccionan y qué significan los datos sobre seguridad pública, es crítico para entender y mejorar la realidad que nos rodea.
Desde la sociología y la ciencia política se han analizado datos estadísticos sobre criminalidad utilizando como variables el miedo, el aumento de la violencia criminal (real o percibido), la desconfianza policial y corrupción policial, entre otros (Dammert y Malone, 2002; Dammert, 2001; Smulovitz, 2003; Kessler, 2009, entre otros). El principal problema con estos datos "duros", y como señala Smulovitz (2003), es que no todos los delitos son denunciados, con lo cual la dimensión del problema tiende a estar sub-representada; a su vez, al ser la mayoría de las estadísticas recolectadas por la policía, hay muy poco control en el proceso de recolección (p. 127) (IPPDH, 2009). De este modo, en el presente artículo analizaremos el proceso de producción y publicación de datos sobre seguridad en CABA entre 2011 y 2016. Sostenemos que los actores que participan y tienen conocimiento del proceso de producción y publicación de los datos en seguridad ocupan –o al menos tienen el potencial de ocupar– un lugar clave en el control político de la seguridad.
Es importante destacar que en este trabajo la seguridad pública es entendida en términos de políticas públicas de seguridad llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en el espacio público (ello se puede ver por ejemplo en el lenguaje utilizado por Sofía Tiscornia, 2013). Por otro lado, así como existe un consenso generalizado en cuanto a la relevancia de la seguridad, existen diferencias respecto a cómo se define la seguridad. Es habitual leer que seguridad pública y seguridad ciudadana se utilizan en forma indistinta. No obstante, la noción de seguridad ciudadana a la que adscribimos abarca también a la ciudadanía y los derechos ciudadanos como integrantes de la seguridad. Así entendida, la seguridad no se trata solo del mantenimiento del orden público sino de garantizar los derechos y garantías de los ciudadanos.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, en el presente trabajo se analizaron las fuentes existentes, abiertas y disponibles al público –en su mayoría online– sobre información criminal y policial en CABA. Entre los que se destacan se puede mencionar los siguientes organismos gubernamentales:
A nivel local (CABA) está: 1) el Ministerio Público Fiscal; 2) el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 3) La Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda) y 4) la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la CABA. A nivel nacional recopilan y publican datos sobre seguridad 1) el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2) el Ministerio de Seguridad de la Nación, 3) el Instituto de Investigaciones del Poder Judicial de la Nación, 4) la Corte Suprema de Justicia y 5) el Ministerio Público Fiscal. Por otro lado, existen organismos no gubernamentales a nivel local, nacional e internacional que publican información sobre temas de seguridad.
Durante el período analizado en este trabajo, pudimos observar que los datos y estadísticas sobre violencia y criminalidad que recopilan los organismos del gobierno en general no son de fácil acceso. En ocasiones, algunos de los datos resultan poco inteligibles y por consiguiente muy difícil poder utilizarlos como insumos para otras investigaciones, análisis o elaboración de políticas públicas. Por otra parte, muchos de los datos no están actualizados y se repiten investigaciones. A estas deficiencias también debemos agregar que hay datos que no están disponibles. No se encontraron datos sobre la cantidad, los recursos, la distribución y otras actividades de las fuerzas policiales en la Ciudad.
Para finalizar, el circuito de producción y recolección de la información no está disponible. Es decir, no es posible rastrear con facilidad qué institución o agencia brindó la información, cómo se recolectó, cómo se clasifica la información. Esto es fundamental para poder informar investigaciones y políticas públicas pero también para poder realizar comparaciones en tiempo y entre jurisdicciones.
