La historia de Puerto Rico ha sido una historia luchas y de resistencias. La resistencia indígena, de la cual no tenemos mucha evidencia por el exterminio al que fueron sometidos, las rebeliones esclavas, las quemas de la caña, las huelgas de trabajadores, las luchas nacionalistas, las luchas estudiantiles, todas atestiguan la manera en que las insurgencias son parte fundamental del menú puertorriqueño. Tiempos de crisis social son regularmente a la vez, tiempos de efervescencia social. Así, en momentos de guerra o crisis económica, las gentes se incomodan y no aguantan, por el contrario, manifiestan su inconformidad mediante la protesta social legal o creativa. En esos tiempos también y como respuesta, el estado intenta retener el control creando mecanismos de ley para forzar un control social artificial. En esta ponencia discutiré la situación general de crisis fiscal, política y social que vive Puerto Rico. Además, discutiré las respuestas de la población mediante la protesta social y la respuesta del estado mediante la criminalización.
En los últimos años Puerto Rico ha estado viviendo una seria crisis económica y fiscal. El gobierno de Puerto Rico y el gobierno imperial de los Estados Unidos han impuesto fuertes medidas de austeridad que asfixian al pueblo. El gobierno de Estados Unidos impuso un cuerpo político y fiscal externo para controlar las medidas fiscales de la isla. Esta medida se impuso mediante una legislación federal irónicamente llamada PROMESA1.
La ley crea una Junta de Control Fiscal, compuesta por siete miembros no electos escogidos por el Presidente de los Estados Unidos. Este es el acto más reciente de colonialismo que ha experimentado la isla de Puerto Rico, ya que en términos reales sustituye el gobierno de Puerto Rico con un cuerpo extraño, ajeno e impuesto. La elección de la Junta de Control Fiscal fue imperial e impuesta, sin contar con participación alguna del pueblo de Puerto Rico. El propósito principal de la Junta es asegurar el pago de la deuda y no el desarrollo económico. Con este fin, la Junta ha exigido al gobierno electo de Puerto Rico la eliminación de los derechos de protección a los trabajadores y trabajadoras y la eliminación de la prestación de servicios esenciales como la salud y la educación.
La Junta de Control Fiscal ha impuesto unas medidas de austeridad violatorias de derechos humanos. Las medidas de austeridad atacan principalmente las áreas de interés social como el trabajo público, la educación pública, servicios de salud, fondos para organizaciones sin fines de lucro, vivienda, retiro, entre otros. Las medidas de austeridad tienen un impacto en toda la población, pero tienen un impacto diferenciado en las poblaciones más vulnerables. Lina Gálvez Muñoz en su artículo de 2016, Una crítica desde la economía feminista a la salida austeridad de la crisis2 hace este señalamiento:
Las crisis económicas suelen impactar de manera diferenciada en aquellas personas que se encuentran en una situación desigual. De ahí que afecten de muy distinta forma a mujeres y a hombres, obviamente diferenciados por la clase social a la que pertenezcan, la etnia, el territorio, su educación, su especialización económica, etc. Pero más que las crisis, son las políticas económicas –las más de las veces ciegas al género– las que pueden tener unos efectos de género fuertemente desiguales, que incluso pongan en riesgo avances en igualdad conseguidos en épocas de bonanza. Y especialmente las políticas de corte deflacionista, llámense planes de ajuste estructural o, como nos han acostumbrado a denominarlas en la actualidad, políticas de austeridad. Unas políticas, estas últimas, que, además, al denominarse de austeridad conllevan una importante carga performativa que implica responsabilizar a la ciudadanía de la crisis, pues de esa forma se consigue que acepte recortes y reformas que suponen un empeoramiento de sus condiciones de vida y de sus posibilidades de participación en la vida pública –pues también suelen venir acompañadas de la instauración de una democracia de baja intensidad.
Las serias medidas de austeridad que adoptó el gobierno de Puerto Rico y que impone la Junta de Control Fiscal, impactan negativamente a muchos sectores en Puerto Rico; no a todos, porque los sectores minoritarios que ostentan el control de los recursos económicos en el país no han sido igualmente afectados. El impacto mayor ha sido en los sectores empobrecidos del país y la clase trabajadora. Pero, particularmente, las mujeres han sufrido el embate de las políticas de austeridad. Señala el Informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la deuda pública, titulado Deuda Pública, Política Fiscal y Pobreza en Puerto Rico, que:
Las mujeres fueron el grupo más impactado por los despidos masivos promovidos por el gobierno a través de la Ley 7 del 2009. En general, las mujeres son empleadas más proporcionalmente en el servicio público de Puerto Rico que en el sector privado. Por ejemplo, a diciembre 2008 el 56% del empleo en el gobierno era ocupado por mujeres mientras que en el sector privado era 45%.
Entre diciembre de 2008 a febrero de 2010, el gobierno (incluyendo tanto el central, corporaciones públicas y municipios), despidió trece (13) mil personas. De este total, unos cuatro (4) mil eran hombres pero nueve (9) mil eran mujeres. Es decir, un treinta (30%) por ciento de la reducción en el gobierno fueron hombres mientras que el setenta (70%) fueron mujeres. Nótese que estas proporciones superan a la estructura de empleo anteriormente discutida pues la mujer representa sólo el 56% del empleo de gobierno. Esto implica que el grupo de las mujeres estaba sobrerrepresentada en la estructura de los despidos, con el agravante que la probabilidad de encontrar empleo en el sector privado es a todas luces limitadas pues tan sólo el 45% de los empleados en el sector privado son mujeres a diferencia del gobierno en donde es un 56%.3
La falta de empleo y la pobreza afectan el acceso que tienen las mujeres al pleno disfrute de otros derechos humanos, como la vivienda digna, salud y la educación. La situación de precariedad que ya existían en el país por las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal y los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos se exacerbaron con los huracanes Irma y María:
Tras el paso de los dos huracanes y ante la respuesta inadecuada del Estado, esta población ha quedado aún más vulnerable. El huracán María destapó y agudizó más la pobreza en Puerto Rico y esa pobreza tiene rostro de mujer. Son muchas las mujeres que se encuentran precarizadas: envejecidas, inmigrantes, jefas de familia, con impedimentos. Diversas organizaciones de mujeres en Puerto Rico han denunciado el difícil acceso a servicios y posibles ayudas en momentos donde la violencia de género y la pobreza tienen una alta probabilidad de agravarse.4
La ciudadanía no tiene recursos disponibles para atender sus necesidades, así que la protesta social resulta ser la única vía de denuncia y exigencia de reparos. Las comunidades se manifiestan para denunciar las condiciones en las que están viviendo a meses del paso del Huracán. Denuncian el abandono por parte del gobierno y expresan su desesperación ante el riesgo que significa estar sin servicios esenciales.
Diversos grupos sociales en Puerto Rico se han movilizado para presentar resistencia a estas medidas. Estudiantes y profesores realizaron una huelga universitaria en el 2017. Las mujeres se manifestaron el 8 de marzo de 2017 y 2018 elevando planteamientos relacionados al impacto de las medidas de austeridad sobre las mujeres. Diversos grupos se manifestaron el pasado 1 de mayo para protestar el impacto de las medidas gubernamentales sobre el pueblo trabajador.
El gobierno respondió con fuerza bruta y criminalización. Los grupos sociales en protesta recibieron golpes, gases lacrimógenos y arrestos. La policía del país utilizó estrategias de intimidación, vigilancia y arrestos ilegales. El estado presentó cargos criminales contra manifestantes, especialmente estudiantes, algunos de esos casos todavía se están ventilando. La legislatura aprobó medidas para criminalizar la protesta social y aumentó el inventario de medidas de austeridad.
En esta ponencia presentaré de manera general el cuadro político, económico y legal de las medidas de austeridad impuestas. Analizaré las respuestas de grupos sociales, particularmente las mujeres y la respuesta del gobierno ante la protesta social.