No resulta novedoso afirmar que uno de los atributos inherentes a las posturas de derechas consiste en su marcado tinte conservador; como tampoco nada nuevo agregaríamos a que dicha perspectiva intenta prevalecer en las distintas dimensiones del orden social, resultando muy marcada su presencia en lo que respecta a las formas en las que se manifiesta la punibilidad estatal.
Las diversas maneras de abordar la problemática de la transgresión a un orden social determinado, han sido un gran campo de disputas en los que las tendencias conservadoras pugnan por imponerse frente a otras opciones que suavizan o limitan los componentes represivos.
Sin embargo, a partir de la implantación del modelo neoliberal en Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra, se verificó –principalmente en el primero de los países recién mencionados- un giro en la forma de encarar la denominada cuestión criminal.
Durante la década de los años ochenta del siglo pasado, se produjo el reemplazo de las aspiraciones de integración social, postuladas bajo la vigencia del Estado de Bienestar, por la noción de neutralización o exclusión de aquellos individuos cuyos comportamientos fueron considerados como lesivos al nuevo orden social (Pegoraro, 2016; Anitua, 2005; Wacquant, 1999).
La nueva política penal puso el acento en la represión de comportamientos definidos como contrarios a la convivencia, abandonando las ideas de reinserción social y asistencia de quienes habían experimentado situaciones problemáticas con las instituciones penales.
La puesta en marcha del nuevo ideario punitivo incrementó de manera llamativa la tasa de encarcelamientos en el contexto norteamericano; cuyo sistema represivo se focalizó sobre los sectores de la población que contaban con menor capacidad de resistencia a los perjuicios que les ocasionaba el desmantelamiento del Estado de Bienestar.
Dicha política criminal, resumida bajo formulas conocidas como campañas de “Ley y Orden” o “Tolerancia Cero”, fue sostenida mediante un discurso criminológico denominado Realismo de Derecha.
La corriente criminológica recién mencionada, en términos generales, relaciona al delito con las ideas de la teoría de la elección racional, las rutinas cotidianas y las oportunidades situacionales (Garrido, Stangeland, Redondo, 1999).
El pensamiento que subyace a dichas posturas es que todas las personas somos potenciales delincuentes y que por lo tanto no sólo hay que generar instancias que permitan reforzar el autocontrol, sino también intervenir sobre estímulos externos para desalentar la motivación delictual. Además, es necesario perseguir con rigor las más pequeñas incivilidades dado que de otro modo no sólo se deteriora el espacio público sino que ello da luego lugar a la realización de hechos más graves.
Sin embargo, los fundamentos políticos que se encuentran detrás del ya aludido Realismo Criminológico de Derecha deben rastrearse en un ámbito más amplio, en el que se tenga en cuenta las razones y condiciones que posibilitaron un vuelco generalizado en la dirección política adoptada por el estado norteamericano.
Para ello es oportuno poner el centro de atención a los cuestionamientos que la denominada Sociedad de Mont Pelerin le dirigió al núcleo básico del Estado de Bienestar.
El grupo liderado por F. Hayek se oponía a las políticas intervencionistas, dado que suscribían a los principios de un mercado libre como lo caracterizara la economía neoclásica de medidos del siglo XIX (Anderson, 1999).
Las ideas de este movimiento conservador comenzaron a cobrar cada vez mayor aceptación luego de que el modelo del Estado de Bienestar comenzó a exhibir –a finales de los años sesenta del Siglo XX- dificultades que fueron definidas como una crisis en el proceso de acumulación del capital (Harvey, 2007).
A su vez, el humor social de la clase media norteamericana giraba en torno al rechazo que le despertaba financiar con sus impuestos a las clases menos desfavorecidas, que en general estaban integradas por inmigrantes, personas de color, drogadictos, marginales, etc.
La denominada Nueva Derecha Norteamericana supo aprovechar el descontento que mostraba gran parte de la población y apelando directamente a sus sentimientos logró imponer el nuevo credo de la política económica: atacar cualquier tipo de intervencionismo estatal en la economía de mercado (Filkielkraut, 1992).
Y en esa sintonía, la burocracia penal del sistema benefactor era un objetivo privilegiado hacia donde concentrar las críticas, dado que se produjo un fuerte cuestionamiento a la inversión y los esfuerzos que se realizaban para resocializar a los denominados delincuentes, en vez de enfocar los esfuerzos y orientar los recursos tanto en la prevención de los delitos como en la represión de sus autores.
El resto de la historia es conocida, con el arribo al poder de los defensores del modelo neoliberal -luego de la prueba piloto ensayada en Chile a partir de 1973- se desmanteló el Estado de Bienestar y se produjo –particularmente en Estados Unidos de Norteamérica- el endurecimiento del sistema penal.
Lo inquietante, es que ese proceso por el que atravesó el campo penal norteamericano se trasladó luego a otros países que replican las mismas políticas punitivas en contextos tan diversos como son los países de la región.
En el caso argentino, los sectores que se identifican con la derecha conservadora presionan, al amparo de los mal resueltos problemas de seguridad en el ámbito urbano, para que se apliquen medidas cada vez más represivas, dirigidas contra los grupos sociales que han sido definidos previamente como peligrosos y por lo tanto responsables de gran parte de la conflictividad social.
La sanción de nuevos tipos penales, el endurecimiento de las penas, las restricciones a las leyes excarcelatorias y la flexibilización de las garantías penales constituyen un claro ejemplo de la tendencia aludida en el párrafo anterior; todo ello, enmarcado en un contexto de transgresión a los derechos fundamentales de los sectores sociales más vulnerables (Zaffaroni, 2011).
En consecuencia, en el presente trabajo me he propuesto abordar la problemática que gira en torno a la cuestión penal en Argentina, a fin de poner al desnudo que la tendencia en política criminal que se viene aplicando -desde hace décadas- también se encuentra motivada por los postulado de los modelos neoliberales defendidos por los movimientos de derechas conservadores.
A tal fin, comenzaré destacando las ideas básicas del modelo neoliberal establecidos por la Sociedad de Mont Pelerin (apenas se afianzaba el compromiso de consolidar al Estado de Bienestar), señalaré algunas de las razones que dieron la posibilidad que surja a la denominada Nueva Derecha Norteamericana, aludiré a que con el arribo del modelo neoliberal se endureció el sistema penal norteamericano, pondré el acento en las falacias del discurso criminológico (el Realismo de Derecha) que intenta legitimar esa política criminal y, finalmente, vincularé la experiencia norteamericana con el tratamiento a las cuestiones penales que se ensayan en el contexto argentino.