Desde su inicio hace más de 30 años, la epidemia de VIH se ha concentrado en las personas y comunidades de mujeres trans, gais, hombres bisexuales y otros hombres sin identidad homo/bisexual que tienen sexo con hombres (TGB/HSH). Según el Ministerio de Salud, de cada mil trans, 208 viven con VIH; de cada mil gais, 151; de cada mil bisexuales, 66; y de cada otros mil HSH, 33. En contraste, en el resto de la población, de cada mil mujeres gestantes, 2 son las afectadas. Sin embargo, la respuesta estatal no ha sido acorde al impacto diferenciado y letal de la epidemia.
Las primeras acciones para enfrentar las muertes, desinformación y terror alrededor del sida surgieron no del Estado sino de las propias comunidades afectadas. No fue hasta 1997 que el Estado desarrolló esfuerzos serios para contener la epidemia en estas poblaciones, aunque desde un enfoque biomédico y de control de la sexualidad. A pesa de ello, rápidamente estas estrategias se debilitaron y el retorno a la democracia no significó una mejoría: el Ministerio de Salud fue asignado a ministros vinculados a los sectores más recalcitrantes de la Iglesia Católica.
No fue sino hasta la llegada al país del Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida en 2004 que un renovado esfuerzo de lucha contra la epidemia se instauró: se conformó la Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud (CONAMUSA), se inició el tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) universal y gratuito para las personas con VIH, se relanzó de las estrategias de prevención y/o diagnóstico para las personas TGB/HSH. Y aunque las coberturas de prevención y diagnóstico se incrementaron exponencialmente, los logros alcanzados en las comunidades TGB/HSH no han sido continuados por el Estado, sino rápidamente desmantelados.
¿Por qué, si los recursos del Fondo Mundial permitieron el fortalecimiento del binomio PEP-AMP y cuadruplicar las coberturas para TGB/HSH, los logros no fueron continuados por el Estado? La razón, contra lo que podría suponerse, no es financiera: aunque los recursos del Fondo y otros cooperantes internacionales han disminuido, el presupuesto público se ha multiplicado varias veces en los últimos años. El gasto nacional en sida pasó de 28,157 miles de dólares en 2005 (de los cuales 9,516 equivalentes al 34% provenían del sector público) a 104,685 en 2012 (de los cuales 79,602 equivalentes al 76% provenían del sector público). El problema es, entonces, su distribución. En 2012 menos del 10% de la inversión se dirigía a los programas de prevención y diagnóstico en las “poblaciones clave” TGB/HSH y trabajadoras/es sexuales, a pesar de que para responder efectivamente a la epidemia se les debería destinar alrededor del 40%.
Diversos estudios encargados por la CONAMUSA reconocen hace ya varios años que las mayores brechas de inversión están en las poblaciones TGB/HSH, la necesidad de comprometer recursos estatales que reemplacen los del Fondo en la lucha contra el VIH en TGB/HSH y el posible impacto del estigma y la discriminación de las autoridades responsables hacia estas poblaciones. Sin embargo, ninguna medida de previsión efectiva fue finalmente tomada.
Para el tratamiento del VIH tan o más importante que acceder a la prueba diagnóstica es que esta sea oportuna y que el sistema de salud garantice el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral. Sin embargo, los diagnósticos tardíos constituyen aún una constante, y el MINSA no ha desarrollado ningún esfuerzo que garantice que toda personas TGB/HSH que recibe una prueba positiva a VIH sea vinculada a los servicios, cosa que sí hace con las mujeres gestantes, violando incluso el principio de confidencialidad de los resultados. Así, las personas TGB/HSH pueden incluso morir sin tener derecho a saber de qué mueren, sabiéndolo tan tarde que es casi imposible recuperar su salud o sin tener oportunidad de acceder efectivamente al tratamiento.
Según las estimaciones realizadas por el MINSA con el software Spectrum, en 2015 habrían fallecido 1,574 personas por causas asociadas al sida: de ellas, 154 serían mujeres trans y 481 gais, bisexuales y otros HSH. Es decir, “cada día fallecerían aproximadamente cuatro personas por el sida, casi la mitad de ellas (42%) son personas HSH y trans”, según refiere la Defensoría del Pueblo. En la misma línea, el MHOL estimó anteriormente que “de cada 3 muertes diarias por causas asociadas al sida, 2 serían de personas TGB/HSH”. Independientemente de la fuente que tomemos, esto significa que alrededor de la mitad de muertes que causa cada año la epidemia de VIH en el Perú se concentran en la comunidad TGB/HSH, cuyo universo es estimado en alrededor del 5% de los hombres entre 15 y 49 años del país. En otras palabras, que la mitad de muertes por sida se dan en el 2.5% de la población, que tiene como elemento común no ser heterosexual o cisgénero.
En suma, la epidemia del VIH en Perú ha atacado especialmente a la comunidad TGB/HSH. Sin embargo, el Estado peruano no solo no ha desarrollado estrategias de prevención que respondan a sus culturas sexuales, sino que se ha limitado al binomio PEP-AMP que se focaliza en el diagnóstico, y ni aún así ha sido capaz de garantizar que todas las personas que llegan a sus servicios accedan a pruebas de VIH, que estas sean oportunas o que quienes reciben un resultado positivo accedan inmediatamente al tratamiento antirretroviral, como sí sucede en otras poblaciones. Así, la mitad de muertes asociadas al sida se dan en este grupo que representa el 2.5% de la población nacional.
Este razonamiento ha llevado a algunos activistas gais, entre los que me encuentro, a plantear que en el Perú se da un “homosidio”, una práctica negligente sistemática e institucionalizada en el diseño e implementación de las políticas públicas de prevención, diagnóstico y atención del VIH en TGB/HSH, que causa muertes evitables y deviene en una política de erradicación de las personas TGB/HSH en el marco de la epidemia.
