Esta investigación permite realizar un abordaje prospectivo del presupuesto destinado a la educación en Paraguay, a partir del análisis de datos y estimaciones de años anteriores, su composición y su proyección hacia el futuro inmediato considerando los factores que determinan su definición como parte del Presupuesto General de Gastos de la Nación, en el marco de las exigencias legislativas a nivel nacional y las recomendaciones de organismos internacionales, como criterios de argumentación para solicitar aumentos para el sector.
Si bien la Constitución Nacional establece que la educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el municipio y en el Estado, abordaremos en primer término el Ministerio de Educación y Ciencias, como entidad rectora que se constituye en un foco de estudio de matices políticos, sociales y económicos donde convergen problemáticas de índole igualmente variada, debidas fundamentalmente a la composición de sus recursos humanos y las marcadas injerencias políticas que lo afectan, entre otros factores.
El gasto público en educación incluye, según el Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el gasto del gobierno en instituciones educativas (públicas y privadas), administración educativa y subsidios para entidades privadas (estudiantes/hogares y otras entidades privadas). Por otra parte indica que la distribución del gasto gubernamental en educación permite ver la prioridad que el gobierno asigna a educación en relación con otras inversiones, así como el compromiso del gobierno para invertir en capital humano.
En este sentido, la Agenda Educativa 2013-2018 constituye una referencia que considera el gasto social en el contexto del gasto público, y la relación del gasto en educación con el Producto Interno Bruto (PIB), noción esta que también merece una revisión exhaustiva. También se consideran las propuestas legislativas en cuanto a financiamiento de la educación a nivel nacional e internacional, y se analizan finalmente algunas falacias en la determinación del presupuesto tras el estudio de la distribución económica de los fondos presupuestarios autorizados para el funcionamiento del servicio educativo, con una visión integral de sus componentes y la definición de relaciones causales entre dimensiones y factores de incidencia, de modo tal que es posible identificar tendencias y contraponer políticas factibles.
En los países de la región las instituciones han pasado por diferentes procesos de reforma de la Administración Pública, sin embargo, los parámetros institucionales que definieron cada proceso fueron impulsados por diferentes factores coyunturales, argumentados e interpretados con diferentes teorías.
En todos ellos, las discontinuidades gubernamentales han generado discontinuidades en las políticas y en la ejecución de planes, programas y proyectos. En nuestro país esta situación es verificable como un proceso cíclico de problemáticas que asumen las instituciones, principalmente el sector educativo, teniendo como supuesto horizonte el mejoramiento de la calidad del gasto público y la responsabilidad fiscal. Es importante comprender que el grueso del gasto social, es decir, el destinado a educación, salud, familia e hijos y edad avanzada, no debiera ser dependiente del ciclo económico. (Armijo, 2014).
Si vinculamos costos, el análisis se orienta hacia escenarios que ratifican la necesidad de contar con información de calidad, si abordamos los ingresos fiscales y el PIB, se necesita de cálculos más serios en base a estudios más precisos en el ámbito de la economía de la educación. Para este fin es crucial el fortalecimiento de los sistemas de información y de las estadísticas educativas. En un país donde existe un alto nivel de evasión fiscal, donde el mercado comercial informal interno y en zonas fronterizas adquiere grandes dimensiones, donde el último censo de población no ha tenido resultados fiables, es difícil generar estimaciones, registros y cálculos igualmente fiables para determinar un presupuesto integral.
El modelo de financiamiento educativo vigente en nuestro país, se mantiene casi invariable hace más de veinte años, no solo se verifica una clara disociación entre gastos corrientes e inversión sino además es posible identificar la sedimentación de un fenómeno cíclico que debe detenerse y cambiar de sentido, poniendo en la mira de las prioridades una educación de calidad para la población en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Esto no será posible mientras no se determine un diagnóstico certero, que se sostenga en datos confiables y proyecciones conscientes para determinar un verdadero presupuesto.