El avance en el proceso de integración del MERCOSUR permitió generar algunas condiciones que alentaron la conformación de un activismo transnacional (formación de redes de colaboración de diversas organizaciones entre los diferentes países, coordinación de acciones, diálogo para la construcción de posiciones y agenda común, resolución de conflictos ambientales, etc.). Ese proceso, como bien es sabido presenta avances, retrocesos, diversidades, pues no todos los países cuentan con la aceptación o los consensos logrados en términos políticos. Situación que puede verse reflejado por ejemplo, en los proyectos de infraestructura que involucran a los recursos naturales. Actualmente las dinámicas regionales en torno al manejo y la utilización de recursos naturales no son unidireccionales, están compuestas por patrones de conflicto y cooperación entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil (Saguier, 2012). Es imprescindible comprender que los recursos naturales son de vital importancia dentro de las nuevas dinámicas de integración y su utilización, sin duda, marca la agenda.

Por lo tanto, en el contexto de una comunidad política como el MERCOSUR, los conflictos y desafíos en relación con los actores sociales transnacionales se tornan relevantes para el bloque en su conjunto. La explotación de los recursos naturales y las consecuencias sociales y ecológicas, se convierten en elementos que definen la nueva agenda. Este proceso macro genera una creciente tensión con las comunidades locales que pagan el costo del “desarrollo” de diversas maneras: aumentando el empobrecimiento, provocando desplazamiento de la población, se produce una devastación ecológica y una extinción cultural. Es razonable esperar que la intensificación de estas tensiones ponga a prueba la legitimidad de los gobiernos y el apoyo social para comprometerse con el regionalismo (Saguier, 2012: 142). Los conflictos que se producen en este escenario, encierran luchas en contra de la distribución desigual de los costos y beneficios de la extracción de recursos naturales y los impactos en la calidad de vida. En tanto, lo que se pone en ¨juego¨ con la integración basada en recursos es quién usa los recursos, cómo son usados y con qué propósito.

En definitiva, el conflicto emerge cuando hay asimetrías en las expectativas y entendimientos concernientes a lo económico, ecológico, social y cultural de los proyectos. Existe una lógica de “acumulación por despojo”, el modo de generar bienestar material que viene a expensas de los derechos de las personas y causando destrucción ecológica. Los conflictos socio-ambientales también son el resultado de patrones recurrentes de exclusión y marginalización de las comunidades más afectadas, situación que se produce en la integración basada en recursos

En esta ponencia revisaremos particularmente la situación actual de esos procesos transnacionales, a partir de los movimientos sociales movilizados en torno a los conflictos socio-ambientales. Estos conflictos desde nuestra perspectiva superan las meras disputas por la propiedad de un recurso. En ellos se encuentran enfrentadas cosmovisiones ambientales y de vida (Ferrero, 2006: 23). Por un lado, el medio ambiente es visto como un recurso económico y por otro lado, el medio ambiente equivale a “espacios o escenarios de vida”. En este sentido, esos espacios son defendidos por los movimientos sociales, quienes a través de su acción, reclaman un cambio del orden social en general (Pardo, 2000), o restringen su petición a aspectos más concretos de la vida social (como por ejemplo la no construcción de represas o la no instalación de mineras). Los mismos se constituyen en torno a la intención de crear voluntad colectiva para promover la participación ciudadana; de tener presencia en la opinión pública y de generar respuestas y proyectos societales alternativos en la región, para resolver asuntos ambientales.

Esta proliferación de conflictos socio-ambientales en el MERCOSUR produjo cambios en la forma en que las organizaciones de la sociedad civil se relacionan con la gobernanza regional. Esto de alguna forma muto la agenda socio-ambiental de los movimientos sociales por afuera de los mecanismos institucionales establecidos para la consulta de la sociedad civil en los temas de integración regional. Esto se enmarca en el regionalismo pos-hegemónico. En el pasado el rol de los movimientos sociales en este contexto era oponerse a la integración con base al mercado neo-liberal. Por lo cual, varios movimientos observaron el surgimiento de la de este bloque como una oportunidad de comprometerse con los gobiernos en la construcción de metas, más que nada enfocadas en las consecuencias de la extracción de recursos naturales y el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía. Estos temas han sido históricamente ignorados en la integración regional y ahora emergen como prerrogativas que reemplazan a la liberalización del comercio y otras consideraciones del pasado (Saguier, 2012).