La presente exposición se nutre de los abordajes realizados en el marco de la investigación “En búsqueda de la legitimidad: discursos sobre la justicia en organizaciones sociales de Tierra del Fuego, AeIAS (2016-2018)”. Dicha investigación se ubica en el campo de estudios sobre movimientos sociales, entendiéndolos como formas de imputación y disputa multiformes en relación al orden social instituido, tanto en su dimensión simbólica como legal. El objeto de investigación se ubica en el punto de sutura, que liga y separa, los criterios de justicia instituidos, presentes en la superficie de la política, y los criterios de justicia instituyentes, emergentes desde el subsuelo de la política (Tapia, 2005).
El problema teórico general se abordó a partir de un estudio situado en el contexto fueguino, que permitió comprender relaciones entre los discursos sobre lo legal y lo legítimo en organizaciones sociales ligadas a problemáticas ambientales, de género, laborales y habitacionales, en la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS (2016-2018). De modo general, la metodología empleada se basó en la articulación de técnicas cualitativas. Constó de dos etapas en las que se trabajó con análisis de documentos, normativas y noticias, se realizaron entrevistas en profundidad a referentes y miembros de las organizaciones, se rastreó el proceso de surgimiento de diversos hitos y se analizaron los sistemas de representaciones construidos en torno a lo legal y lo legítimo. Se seleccionaron organizaciones sociales con diverso nivel de institucionalización formal e informal, para poner énfasis, al mismo tiempo, tanto en los aspectos instituidos como en los procesos de tensión y en la potencia instituyente de dichos colectivos. De ese modo, problematizamos el discurso de la justicia desde el plano de la formalidad legal y política, en tensión con diferentes visiones de la justicia en el plano político de las relaciones sociales y de los
conflictos por el goce efectivo de los derechos: a) Justicia espacial (Soja, 2014, 2016); b) Justicia socio-laboral (Farías, 2017); c) Justicia en relación a demandas de géneros (Fraser, 2009); Justicia ambiental (Martínez-Alier, 2009, Svampa y Viale, 2014).
En esta ponencia se explicitan supuestos teóricos-metodológicos involucrados en el análisis situado y se pretende dar cuenta de diversas lecturas sobre el par legal/legítimo en los siguientes colectivos de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, en los últimos tres años: se trabajó con la junta vecinal provisoria Barrio Los Cisnes, reciente barrio estatal ubicado en la periferia oeste de la ciudad de Río Grande, siendo el eje problemático el acceso a la ciudad y un caso de justicia espacial. Por otro lado, en relación al eje de la justicia laboral, se analizaron los discursos de miembros organizados de la empresa Foxman, quienes en el periodo de cese de la fábrica llevaron adelante el proyecto de alquiler de canchas de fútbol en sus instalaciones, mientras sostenían el reclamo laboral. Al mismo tiempo, se trabajó con integrantes de la organización “De igual a igual” Río Grande y militantes trans de Tierra del Fuego, AeIAS que bregaban por la sanción del cupo laboral trans, a fin de indagar los discursos en torno a las problemáticas de género. Por último, se problematizó la justicia ambiental a partir del trabajo con la asociación civil Mane´KenK, abocada a la educación ambiental y a la intervención en diversos conflictos ambientales en la provincia fueguina. Estas organizaciones concuerdan en la presentación de diversas demandas particulares cuyos discursos interpelan los vínculos tradicionales con diversas instituciones de la modernidad política.
La existencia de un hiato entre la formalidad política e institucional y las prácticas sociales y los modos de desarrollo de las querellas (Tapia, 2005) ha sido un problema de investigación de larga data de las Ciencias Sociales latinoamericanas. Para Farías (2017) el concepto de distancia institucional (Sigal, 1981) sintetiza este rasgo de nuestras sociedades. Esta noción, elaborada en el marco de los debates en torno al problema de la marginalidad en las décadas 50`-80`, pone el foco en la realidad social e institucional que se constituye a partir de la brecha que existe entre los derechos instituidos históricamente en Latinoamérica, que forman parte del ámbito de la formalidad legal y política, y el goce efectivo de dichos derechos. Esa brecha puede pensarse como un espacio intersticial constituido por entramados relacionales caracterizados por la ambigüedad entre lo formal y lo informal, en el que se rutinizan prácticas que producen instituciones al mismo tiempo que se construyen discursos para legitimar dichas prácticas. Estos espacios intersticiales generan vínculos paradojales con el sistema de instituciones estatales, dado que cumplen el doble papel de adversarias y garantes del derecho (Farías, 2017).
En este marco, se plantea que los criterios de justicia instituidos, anclados en la superficie de la política, no contienen al conjunto de relaciones y discursos de una sociedad. Se produce un exceso en relación a los universales abstractos que intentan suturar la heterogeneidad que conforma el subsuelo de la política.
La hipótesis general de trabajo supone que los discursos sobre lo legal y lo legítimo se constituyen relacionalmente en un umbral. Dicho umbral es un espacio de construcción política en el que los discursos -como elementos estratégicos del campo de relaciones de poder- oscilan entre la pretensión de la inscripción de las demandas en el ámbito formal, y la búsqueda de criterios de legitimidad social, que exceden dicho ámbito y generan circulaciones y prácticas menos visibles. En este sentido, la hipótesis no supone una exaltación de la autonomía de los movimientos, sino un análisis de las formas solapadas y contradictorias en las que lo instituyente y lo instituido se relacionan produciendo, a partir de dicha dinámica, realidad social.
De acuerdo a lo anterior, la noción de umbral resulta organizadora de la indagación en relación a los fundamentos de lo legal y lo legítimo, ya que busca asir la movilidad del espacio simbólico producido en la tensión entre las formas institucionales de la justicia y los sujetos que demandan justicia (Farías, 2017). El umbral expresa un nivel límite cuyo rebasamiento supone un desborde en relación a un estado de situación dado; implica un punto límite de trocamiento de un estado a otro.
En el caso de las organizaciones sociales estudiadas, dicho umbral expresa una construcción política, cambiante, entre los criterios de justicia que fundamentan un estado de situación en relación a la legalidad formal y los criterios de legitimidad que construyen las propias organizaciones a partir de las fundamentaciones de sus demandas. Estos criterios se trasvasan e intersectan, pero la tensión pervive debido a la incapacidad estructural de la superficie de la política para integrar el conjunto de demandas que surgen desde el subsuelo político. Los modos extremos de la relación entre los discursos sobre lo legal y lo legítimo permiten identificar teóricamente tipos polares –que no se presentan de forma pura en el plano histórico-social-: por un lado, una superposición entre lo legal-formal y lo legítimo, en donde el exceso se integra de forma subordinada dentro de la superficie política, y por otro, un distanciamiento sustantivo, en donde se construyen criterios de legitimidad de forma autónoma y antagónica en relación a los criterios de justicia hegemónicos.
En ese sentido, la posibilidad de captar la dinámica entre lo instituido y lo instituyente en relación al par legal-legítimo tiene como condición el distanciamiento radical de los modos de pensamiento dicotómicos y polarizados de la racionalidad moderna instrumental. La noción de umbral se enmarca en los desafíos del pensamiento social contemporáneo en la
búsqueda por construir herramientas teórico-metodológicas que superen las dicotomías y el esencialismo subyacente en el racionalismo moderno. Al mismo tiempo, abre otros puntos de debate en torno a representación política y a la modernidad, sus potencias productivas y destructivas. En este sentido, la noción de umbral se resignifica en el problema de la posibilidad de un pensamiento crítico de la modernidad (epistémica, ontológica, política), es decir, en la tensión entre las categorías universalizadas de la modernidad política occidental - entre ellas, la justicia, asociada a la legalidad formal de los Estados nacionales y a la figura de los derechos humanos universales- y las formas locales de su inscripción. En este marco, la noción de umbral descompleta o destotaliza los conceptos universales, sin negarlos, recuperando la posibilidad de su potencia emancipadora: “no hay una manera sencilla de prescindir de estos universales en la condición de la modernidad política”… “sin ellos no habría ciencia social que abordase cuestiones de justicia social moderna” (Chakrabarty, 2008, p: 31).
De acuerdo a lo anterior, y en síntesis, la noción de umbral constituye una herramienta potente para una lectura con anclaje territorial de los procesos situados que tienen por protagonistas a los colectivos fueguinos y de las prácticas sociales vinculadas a la diversidad de demandas que los organizan, a través de las cuales disputan relaciones de poder; lo que supone, a nuestro entender, ir más allá de los sentidos dicotómicos, clausurantes, esencialistas, e incluso utópicos, para resignificar y construir la justicia hoy.