La Revolución Cubana representó una transformación radical del panorama social de la Isla antes de 1959. El Estado promovió políticas garantes de iguales oportunidades para todos y se lograron significativos avances en términos de equidad social. La debacle económica del país en la última década del siglo XX -tras la desintegración de la Unión Soviética- repercutió negativamente en las condiciones de vida de la población. Estudios sistemáticos de desigualdades sociales dan cuenta del proceso de re-estratificación social que tuvo lugar a partir de la crisis.
A inicios del siglo XXI se produce una escalada de la política social de la Revolución. La misma recuperó su carácter proactivo e introdujo cambios significativos en la estructura de oportunidades. El reconocimiento de las desigualdades sociales y la defensa del principio de justicia social fueron fundamento público del proceso. Se implementó un repertorio de acciones con una clara intención de inclusión social y estimulación de una movilidad social ascendente para grupos rezagados.
A fines de esta primera década del siglo, bajo la presión que supuso la crisis financiera internacional desatada en 2008-2009, se inicia en Cuba un singular proceso de transformaciones económicas y sociales. La tensa situación hizo visible la insostenibilidad de los presupuestos para servicios sociales y dio lugar a una reforma de la política social que define una nueva etapa con respecto a todo el período revolucionario que le precede.
Prever los posibles impactos a mediano y largo plazo de los cambios implementados constituye asunto de primera importancia. Ante cada medida en particular y ante el conjunto de ellas, es preciso preguntarse qué mediaciones representan en lo social y en lo político, cuál es el rol del Estado, de la ciudadanía, de la familia, del individuo y de otros actores sociales; a qué grupos beneficia; qué necesidades sociales se priorizan y cómo se atienden a los sectores con mayores carencias; qué tipos de relaciones sociales se promueven y qué subjetividades se generan. Todas estas cuestiones resultan esenciales para el proyecto de desarrollo socialista cubano.
El análisis realizado parte de entender la política social como un sistema de objetivos y acciones coordinadas e intencionadas por el Estado en función de intereses de clases o grupos sociales. Esta aproximación, al complejo proceso de cambios de la política social en el contexto cubano actual, centra la atención en los efectos -posibles y previsibles- en la estructura socioclasista. El análisis se realiza en términos de equidad y alude a las relaciones sociales promovidas por las reformas implementadas a partir de 2009.
Se identifican puntos de continuidad en la política social, como el reconocimiento del derecho a la educación, a la salud y al empleo. La garantía del acceso a la cultura y a la práctica del deporte. Se asegura un nivel de alimentos básicos a la población. Por otra parte, se plantea la reducción de la inversión social bajo un principio de racionalidad, con la eliminación de gratuidades y la reducción de subsidios. Hay un desplazamiento hacia la familia de la responsabilidad en el acceso a oportunidades de bienestar y es aceptada una mayor participación del mercado en la matriz de oportunidades. Se constriñen determinados servicios sociales, como el acceso a la educación superior. Las opciones de empleo estatal se reducen a la vez que son legitimadas las relaciones patrón-asalariado en un emergente mercado laboral. Estos constituyen algunos puntos de ruptura con la tradición de la política social hasta entonces.
Los indicadores analizados en el estudio reflejan un ensanchamiento de las brechas de equidad, así como la reproducción de patrones de desigualdad social en el actual contexto de crisis y reforma. Es interés esencial establecer una relación entre grupos diversos y el aprovechamiento de la estructura de oportunidades. Son identificadas condiciones de partida que favorecen o limitan los procesos de movilidad social. A partir de los resultados se reflexiona acerca del nivel y posible evolución de las desigualdades sociales en Cuba, así como de los retos que ello entraña para un desarrollo socialista.
Las propuestas van dirigidas en lo fundamental a la política social. Se fundamentan un conjunto de principios básicos y se presentan posibles acciones de promoción de equidad. Se trata de un análisis contextualizado que considera las limitaciones económicas y propone estrategias que aporten eficiencia y eficacia a la política social.
La propuesta se orienta a promover la integración de la política social para superar la fragmentación sectorial institucional (educación, salud, vivienda, empleo, cultura, deporte, etc.); la articulación de los programas sectoriales con políticas transversales (de población, de género, territoriales, de familia, entre otras); una mayor autonomía a escala local comunitaria (provincias, municipios, consejos populares, comunidades) y potenciar el protagonismo de los gobiernos territoriales. Se fundamenta la necesidad de un plan de desarrollo social que complemente la ley del presupuesto y un cambio de concepción en la asistencia social: de proveedora de medios de vida a formadora de capacidades.
Entre los principios básicos se incluyen la participación ciudadana, la necesaria complementariedad de acciones diferenciadas a partir del reconocimiento de la heterogeneidad social existente, la conveniencia de un sistema de monitoreo social en el país y de mecanismos de evaluación participativa de la política social.
La consolidación de un ejercicio profesional del trabajo social en Cuba es parte de la propuesta. Esta profesión se identifica como actor clave para la articulación de la política social, con el encargo de movilizar recursos institucionales y humanos para la gestación de procesos de transformación social que den respuestas a demandas del desarrollo en los contextos comunitarios diversos.