El propósito de este trabajo es aportar evidencia de las acciones y omisiones estatales para retener y reproducir el capital, tomando como estudio de caso al estado nacional argentino y el provincial sanjuanino, en su vinculación con el capital minero extractivo. El abordaje teórico se realiza desde una perspectiva neomarxista, en la que el Estado capitalista entendido como “la condensación material de una relación de fuerzas entre clases” (Poulantzas, 1979: 154) depende para su existencia de la reproducción del capital dentro de sus fronteras (Holloway, 1992: 7) y es por ello que tiene el desafío de retener o inmovilizar el capital en su espacio aún a costa de la destrucción del despojo de recursos no renovables, el mismo David Harvey (2014) señala la degradación del medio ambiente como una de las contradicciones fatales del capitalismo actual. El discurso del chantaje recobra fuerza “si ustedes no se allanan a las nuevas condiciones de acumulación que hagan rentable la subsistencia de la sociedad -capitalista-, si no aceptan el imperativo de la rentabilidad privada, nosotros no invertimos, ergo no hay trabajo, ergo ustedes no sobreviven” (Thwaites, 1999:13). En esto el Estado tiene mucho que hacer. Se produce “una lucha entre los Estados para atraer y/o retener una parte del capital mundial y por lo tanto una parte de la plusvalía global” (Holloway, 1992: 7).
La imposición del consenso, por un lado, la del orden por otro son elementos que combinados permiten la reproducción del capital, mientras más débil sea esta, mayor será la resistencia social y más necesario el ejercicio de la violencia. De manera inversa, mientras más efectivo resulte el aparato ideológico, más fuerte la dominación y por tanto más pacíficas las relaciones sociales.
En este contexto, se aspira a reflexionar sobre los medios a través de los cuáles el capital minero extractivo en San Juan logra reproducirse a pesar de los conflictos registrados. Partiendo del interrogante ¿de qué manera entonces el Estado atrae y retiene el capital?, el supuesto de partida busca evidenciar que el Estado, sea por acción u omisión tiene un papel clave en el sostenimiento de dicha reproducción, y se intentará a lo largo del trabajo describir e identificar a través de qué instituciones, mecanismos o herramientas lo hace.
Las diez formas más comunes que se observaron para atraer y retener el capital en el estudio de caso observado son:
1. Traslada la negociación y el conflicto a unidades de menor poder, tales como los gobiernos provinciales y/o municipales.
2. Crea nuevas instituciones y eleva de rango las creadas previamente
3. Diseña e implementa políticas estatales que otorgan amplios beneficios respecto de otras actividades económicas, facilitando una extraordinaria apropiación de la renta generada en la cadena minera metalífera.
4. Omite el control y regulación de zonas sensibles a la explotación minera
5. Libera el uso de los recursos naturales
6. Construye infraestructura para generar óptimas condiciones de explotación
7. Ejerce prácticas coercitivas frente a conflictos medioambientales
8. Emite discursos sobre el crecimiento económico basado en el empleo, las exportaciones y las regalías, provocando la ilusión de la panacea del derrame.
9. Utiliza aparatos ideológicos para convencer e imponer cierto sentido común sobre las bondades de la minería.
10. Suspende las instituciones de democracia directa constitucionales

De esta manera, se evidenció que el Estado a través de mecanismos ideológicos y represivos garantiza la reproducción ampliada del capital minero –tanto de las empresas núcleo como de los grupos nacionales proveedores-, haciendo, omitiendo y permitiendo en ocasiones prácticas que dañan el hábitat sustentable en un territorio. Frente al avance del capital minero, el Estado tiene cada vez menos autonomía, pierde el dominio del territorio, no controla financieramente el mineral que se saca de la provincia, ni los ingresos por los cuáles deberían pagar impuestos, tampoco controla eficientemente el medioambiente, ni que las leyes sean respetadas y cumplidas. Lejos de diseñar políticas que permitan generar políticas redistributivas y de cuidado del medio ambiente, el Estado tiene una baja participación en la renta minera, demostrando una fuerte pérdida de autonomía respecto a los capitales extractivistas al momento de negociar con los lobistas que operan a escala global junto a los accionistas de las transnacionales, pérdida de soberanía política y económica.
Las tomas de posición del Estado, tanto provincial como nacional, son tan obsecuentes que los funcionarios no parecieran distinguirse de los gerentes mismos. En este contexto, las empresas mineras obtuvieron una importante cantidad de beneficios, extrajeron recursos naturales, dejando como saldo contaminación y fracturas sociales que alcanzaron a asambleístas y movimientos en resistencia, a la comunidad científica e incluso a ciudadanos en general, divididos a favor o en contra de la actividad.