Metamorfosis del control social hacia el precariado.

El presente artículo intenta problematizar, a partir de un trabajo de campo, algunas transformaciones recientes de la arena socio asistencial que reafirman que la cuestión social es tendencialmente tratada como cuestión de inseguridad. Si bien la penetración del campo penal y sus racionalidades en las intervenciones socio asistenciales no son nuevas, éstas han sufrido una profunda metamorfosis. La hipótesis que pretendemos demostrar, es que disponemos hoy de formas de control social cualitativamente distintas.
De Giorgi plantea que las “poblaciones problemáticas”, esto es, el precariado o excedente de fuerza de trabajo determinado por la reestructuración capitalista postfordista, es cada vez menos administrado a través de los instrumentos de regulación “social” de la pobreza, y cada vez más a través de dispositivos de represión penal de la desviación (2006,p.127). A diferencia del proceso vivido en Estados Unidos, Uruguay no ha desregulado la arena socio-asistencial, al contrario, ha consolidado, en presupuesto y cobertura, la protección social. Sin embargo, como intentaremos mostrar, es posible ver rasgos inequívocos de reformulación de algunos programas sociales en sentido punitivo.
En este reciente laboratorio social, emerge con claridad un nuevo actor en escena, el Ministerio del Interior, quien coloca lógicas innovadoras en la intervención socio-asistencial que trascienden su ámbito específico de actuación y permean con un nuevo “sentido común” el intento (siempre parcialmente infructuoso) de gobernar la excedencia. La hipótesis que subyace en este trabajo, es que la penetración del campo penal en la arena socio asistencial no es nueva pero sí lo son los contenidos, orientaciones y marco contextual e institucional en el que se produce hoy.
Institucionalmente hablando, las iniciativas conjuntas entre el Ministerio del Interior y organismos públicos vinculados a la infancia y juventud (Instituto Nacional de la Juventud, Instituto Nacional del Menor) surgen ya a fines de los 90 en Uruguay con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el Programa de Seguridad Ciudadana. Pero es en el segundo gobierno de izquierda que surgen iniciativas conjuntas entre la mano izquierda y derecha del Estado que dan cuenta del abandono parcial de la pretensión rehabilitadora junto a la centralidad de la visión punitiva más conservadora como nueva forma de ejercer el gobierno y la regulación del precariado (Paternain, 2013; Vernazza, 2015; Mosteriro et al.,2016).
El Estado actual, dice Bustinduy (2011), se ha hecho a la vez liberal y autoritario. Liberal porque no concibe otro principio de comunidad que la sociedad de mercado y autoritario porque todo le está permitido en nombre de la seguridad, incluida la aniquilación del sistema de garantías jurídicas o la delegación de muchas de las funciones que le fueron propias. “El Estado ha de vigilarlo todo. El Estado ha de ponderar y prevenir riesgos, identificar y aislar amenazas, actuar de forma preventiva: así habla el nuevo imperativo securitario” (2011, p.9)
Mucho se ha hablado de la individualización y descolectivización de la cuestión social, sin embargo nos interesa discutir si la emergencia renovada de intentos de construir perfiles, medir riesgos socio-delictuales, monitorear y seguir poblaciones asentadas en territorios definidos por defecto que parece extenderse rápidamente en programas diversos no dan cuenta más bien de una metamorfosis del control social.
Como intentaremos mostrar, discursos recientes parecen reactualizar la idea de que existe una “clase diferente y peligrosa” es decir, una clase “criminal” que amenaza las conquistas alcanzadas por la sociedad “civilizada”. También parecen legados del pasado los discursos que individualizan la cuestión social (devenida en la cuestión de la inseguridad, jeraquizando al delincuente más que al delito) y legitiman respuestas que implican recortes de libertades civiles y de la privacidad e intimidad de los más pobres. Sin embargo, no es tan claro, que los inspire como otrora la idea de salvación, redención o reforma sino más bien una suerte de categorización, monitoreo, disuasión y separación con el resto de la sociedad cuyos efectos de clasificación social, reparten entre segmentos oportunidades, recompensas, privilegios y castigos. Por tanto amerita preguntarnos si estamos ante una individuación o más bien una dividualización (Deleuze, 1999), es decir tratamientos que dividen a los sujetos y fragmentan distintos aspectos de los individuos según sus roles en el mercado (como trabajador o desocupado, como clase laboriosa o peligrosa, como habitante de un territorio señalado como peligroso, como consumidor de alta o baja intensidad, etc). Las poblaciones excedentarias son crecientemente integradas en bases de datos procesadas, analizadas, relacionadas con otros datos y expulsados de nuevo como “datos dobles” (Bauman, 2013).
Nuestras actuales sociedades de control que ya no son estrictamente disciplinarias funcionan privilegiando el control continuo y la comunicación instantánea (con sus mayores frugalidades en término de costos). Sin embargo, reaparecen viejas estrategias disciplinadoras, prácticas brutalmente disciplinarias de moldeado cuerpo a cuerpo. De hecho la cárcel está hoy, más viva que nunca. Rodríguez Alzueta afirma que pasamos de sociedades de curación a sociedades de prevención y esto para el autor coincide también con el pasaje de sociedades hospitalarias a sociedades hostiles, de la misma manera que de Estados sociales hemos transitado hacia Estados policiales (2014). Tanto los Estados como las sociedades se han vuelto penitentes. Pero, -y esta es la hipótesis que intentamos demostrar en este artículo-, el control social dirigido al precariado en nuestro país se ha metamorfoseado profundamente cristalizando estos cambios en intervenciones conjuntas entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior con un carácter cada vez más punitivo.
Las principales metamorfosis del control social constatadas en este análisis son cuatro. En primer lugar es posible afirmar que existe, en los programas e intervenciones analizados del período, una creciente racionalidad punitiva en el tratamiento socioasistencial de las poblaciones en extrema pobreza. En segundo lugar, que la punitividad creciente se expresa en: a) una concepción cada vez más culpabilizadora de la vulnerabilidad de las personas y hogares, b) en sofisticados y robustos niveles de identificación, seguimiento y monitoreo poblacional, c) la re focalización de las poblaciones a partir de la focalización territorial lo que deviene en una focalización territorial punitiva, y d) las prestaciones ínfimas desatadas de la lógica de los derechos y ancladas en la lógica de incentivos y castigos a comportamientos. En tercer lugar, existe una creciente naturalización de la amenaza al castigo, la tutela cuerpo a cuerpo y el intenso seguimiento de las poblaciones y sus trayectorias en las políticas socio-asistenciales. Por último, en el plano institucional, este estrechamiento de las manos izquierda y derecha del Estado, genera que el Ministerio del Interior se haya instalado como un actor relevante (cuando no imprescindible) en la arena de las políticas sociales.
Las prácticas directamente punitivas parecen reservarse sólo para algunos individuos especialmente riesgosos de la población excedentaria y como antesala ejemplarizante del castigo inminente para quienes comparten vecindad de situación o territorio y se atreven a resistirse a la persuasión, las primas e incentivos y la cercanía moralizante de un estilo de gestión dispersa más permanente se reserva al resto de los individuos excedentarios. Se trata de la combinación de dispositivos, que incluyen un fuerte retorno a las políticas de hard control, a la vez que la difusión de nuevas estrategias de soft control metamorfoseado (Pavarini, 1995) pues entre hard y soft control existe una relación de dependencia recíproca donde al aumento de uno de los términos no corresponde a una disminución proporcional del otro (Pavarini, 1995).