En Argentina, en el marco de la implementación de la Reforma del Estado a través de políticas de desregularización y de un proceso de descentralización en los niveles subnacionales durante la década de 1980 y 1990, la política habitacional a nivel nacional se caracterizó por una intervención tenue que terminó favoreciendo los intereses del mercado inmobiliario. Esto último se evidencia en la no intervención del Estado en el mercado a fin de facilitar la consecución de los intereses de actores privados. Luego de la crisis económica y político-institucional del 2001, se asistió al surgimiento de gobiernos post neoliberales que buscaron recuperar el rol activo del Estado en diferentes ámbitos de la vida social, económica y política. Si bien dicha reactivación de la intervención estatal tuvo efectos en la política habitacional a través del lanzamiento de programas federales de vivienda, dichas acciones no pudieron revertir el desfasaje existente entre las necesidades habitacionales reales de la sociedad argentina y la naturaleza de las políticas públicas implementadas para satisfacerlas (Gargantini, 2017).
Por otra parte, el proceso de reforma estatal mencionado anteriormente, supuso la descentralización de funciones desde el Estado nacional a las provincias y desde éstas a los gobiernos locales. Este fenómeno supuso “mayores competencias de hecho o de derecho, lo que significa mayor presión sobre las comunas” (García Delgado, 1997:5) transformando así el esquema de distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno y, por consiguiente, la agenda local (Cravacuore, 2007). Dicha descentralización ha resultado, en la mayoría de los casos, una “desconcentración de funciones y responsabilidades sin transferencias de capacidades ni recursos” ni estuvo orientada a fortalecer la autonomía municipal (Reese y Catenazzi, 2011:110)
Como producto del proceso de descentralización de competencias anteriormente mencionado y de la creciente presión ciudadana sobre los gobiernos locales para la solución de sus demandas, los mismos han asumido nuevas responsabilidades que van configurando una nueva agenda local (Cravacuore, 2007). Esta agenda incorpora nuevos campos de acción tales como la preservación del medioambiente, la participación ciudadana, la promoción económica, el desarrollo local, entre otros.
A nivel competencial, tradicionalmente los gobiernos locales argentinos se han caracterizado por aquellas funciones y acciones orientadas a la asistencia a la población en riesgo, la construcción y mantenimiento de la infraestructura urbana, y la regulación y control de las actividades que se desarrollan en el territorio (Cravacuore, 2007).
Respecto a las políticas habitacionales, tradicionalmente en Argentina, los gobiernos locales se han orientado a la implementación de políticas provenientes de los niveles provinciales y nacionales , las cuales se han caracterizado por un fuerte sesgo “viviendista” desestimando la importancia del entorno social, económico y cultural en el que las viviendas se construyen; y a la regulación y administración de la ciudad a través de la creación de los permisos de construcción y la regulación de los usos de suelo, el mantenimiento de la ciudad como también la implementación de políticas provenientes del nivel provincial y nacional (un ejemplo es el Programa de Mejoramiento de Barrios del Banco Interamericano de Desarrollo o la construcción de viviendas por el Fondo Nacional de Vivienda).
Si bien la demanda ciudadana por el acceso a la vivienda y a la tierra es una constante en la realidad argentina que se cristaliza, por ejemplo, en una creciente demanda de acceso al suelo (tanto bajo modalidades formales como compra y venta, como también a través de modalidades informales como la toma de tierras y ocupación), en Argentina ““si bien el Estado ha ganado presencia y control en algunos ámbitos económicos y políticos en materia urbana y habitacional continúa ejerciendo el rol de facilitador a los intereses del mercado, anteponiendo los beneficios privados a los públicos” (Gargantini, 2017: 25). Sin embargo, en los últimos años se destaca que, un número reducido pero creciente de gobiernos locales argentinos han incurrido en nuevas experiencias de gestión de la ciudad a través de acciones como la incorporación en su normativa urbanística de algunos instrumentos de gestión del suelo (Baer, Cuenya, Duarte, et al. 2016, Bagnera, 2016, Cuenya, 2016, Reese y Catenazzi, 2011, Fernández Wagner, 2009, entre otros) orientados a la intervención en el mercado de tierras y la producción de suelo urbano como políticas locales de producción de vivienda.
En este contexto donde el acceso a la tierra y a la vivienda es uno de los problemas más acuciantes de la sociedad argentina y donde el acceso al suelo urbano por parte de la sociedad es un problema que no se ha constituido en el centro de las políticas públicas (Bagnera, 2016), cobra relevancia el análisis de los gobiernos locales y su política habitacional a fin de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los municipios argentinos en la construcción de ciudad en pos de un acceso a la ciudad equitativo para toda la sociedad.
Es así que el presente trabajo se propone generar conocimiento sobre el proceso de gestión de políticas habitacionales a nivel local a partir del estudio de un caso en particular: el Municipio de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina. Es a partir del año 2012 que dicho Municipio ha implementado una nueva forma de gestionar las políticas habitacionales a nivel local a través de instrumentos no tradicionales y de un modelo integral de políticas públicas. De esta manera, es nuestro objetivo analizar la política habitacional del Municipio de Río Grande en el periodo 2012-2016 desde un análisis de políticas públicas y de los modelos de gestión implementados.
La hipótesis sostiene que el modelo implementado a partir de 2012 es innovador en tanto implica un carácter integral respecto de la cuestión habitacional, la concepción subyacente es superadora de la visión viviendista de lo habitacional; es una política integral, y por último, implica una forma de gestión asociada entre el Municipio y actores de la sociedad civil, posicionando al gobierno local como actor protagonista en la construcción de ciudad.