En Colombia, históricamente el sector rural ha sido escenario de las mayores desigualdades sociales y económicas, situación que sigue vigente. A pesar de la estrecha relación entre la problemática rural y los grandes conflictos sociales y políticos que ha sufrido el país durante el último medio siglo, los temas del desarrollo rural y de la tierra como acceso, tenencia, distribución y uso, no han tenido un papel significativo en las agendas políticas de los gobiernos de las últimas décadas. Justamente, los resultados del Censo Nacional Agropecuario –CNA– (2014), muestran algunas de las grandes problemáticas que afronta el campo colombiano: elevados niveles de pobreza (la pobreza multidimensional aún es del 44.7 %); altos grados de concentración e informalidad en la propiedad de la tierra (el 69,9 por ciento tiene menos de 5 hectáreas y ocupan solo el 5 por ciento del área censada, mientras que terrenos de más de 500 hectáreas están en manos del 0,4 de los propietarios y representa el 41,1 por ciento de las 113 millones hectáreas censadas); el analfabetismo alcanza el 11,5 por ciento en mayores de 15 años, mientras que el 20 % de niños de 5 y 16 años no asistió a ninguna institución.

A esto se suma la afectación por el conflicto armado, que ha dejado sustanciales costos sociales, económicos, políticos, ambientales y humanos. Es así que, al menos en principio, los acuerdos de paz deben contribuir a solucionar cuestiones como la propiedad de la tierra, su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales entre otras. En la vida real rural, actualmente grupos campesinos y mingas indígenas reiteran el abandono estatal y la no aplicabilidad de tales reformas; la ruralidad colombiana tiene una economía campesina en declive, hambre, desempleo, informalidad laboral, baja producción de alimentos y un no reconocimiento de sus dignidades. En ese sentido, se revictimiza a aquellos actores insertos en la propiedad rural, aquellos que habitan el campo, y en particular las mujeres. La ausencia de compromiso estatal sobre el aseguramiento y garantía de la seguridad alimentaria, con disponibilidad y acceso igualitario a precios accesibles, amplía la brecha de subsistencia y producción que existe en las áreas rurales de Colombia, y la perspectiva que se espera en el comportamiento de la economía rural desde el ordenamiento territorial.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC 2017), señala que 106 pueblos indígenas y étnicos han sufrido el incumplimiento de más de 1392 acuerdos que se han pactado entre éstos y el gobierno nacional colombiano entre el año 2013 y el 2016. Estos acuerdos hacen referencia a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y étnicos, la inclusión en escenarios de participación, territorialidad, educación, salud y garantía en derechos humanos entre otras. Es evidente que el estado no está protegiendo a líderes sociales, campesinos e indígenas; demostrando un fracaso al menos desde el proyecto de ruralidad integral. La percepción de implementación de los acuerdos de paz es poco clara en robustecer la autonomía, la cultura y el reconocimiento de la tierra desde los colectivos y sus territorios. La identidad rural desde los campesinos, indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y demás etnias, son vitales para la generación de espacios democráticos que transformen y resignifiquen el desarrollo rural para un ordenamiento sostenible.

De acuerdo con Acevedo y Martínez, en su estudio sobre la agricultura familiar en Colombia, “el logro de la paz requiere reconstruir el tejido social roto por tantas décadas de violencia, se necesita ampliar el bienestar de su población, consolidar su capital social, fortalecer sus instituciones y democratizar la vida social, política y económica de la nación, y especialmente pagar la deuda social e histórica que se tiene con los pobladores rurales de nuestro país” (2016, p. 8); así, la recomposición del tejido social es fundamental en un país en donde el conflicto armado ha debilitado la asociatividad y el capital social. En medio de este conflicto, miles de líderes rurales fueron asesinados o desplazados de sus comunidades, muchas organizaciones sociales fueron víctimas de los actores armados, se vieron coaccionadas, debilitadas o destruidas.
Sin embargo, también fueron muchas las que resistieron, desplegando la solidaridad entre las comunidades, contribuyendo a mantener el tejido social: En el mismo CNA (2014), se consultó a las personas encuestadas si se encontraban asociadas, de las cuales, el 26,3% declaró que sí; de esa población, el 11,9 % dice pertenecer a organizaciones comunitarias como consejos comunitarios, asociaciones u organizaciones étnicas, de mujeres, de ancianos o de jóvenes, el 1,2 % declaró pertenecer a gremios, el 6,2 % declaró que hacía parte de una cooperativa, el 6,8 % dijo pertenecer a alguna asociación de productores, y el 0,2% a centros de investigación.

Los mismos acuerdos de paz, reconocen la importancia de la asociatividad, de ahí que en el punto 1.3.3.6 el gobierno se comprometa a fomentar y promover la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores, procesadores, comercializadores y exportadores para garantizar una producción a escala y competitiva insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores.

Pero para que la transformación del campo tenga verdaderas posibilidades de concretarse, se requiere no solo del aporte del estado, sino de la permanente movilización y presión por parte de las organizaciones sociales para que la implementación de dicho acuerdo corresponda con sus reclamaciones y reivindicaciones históricas. Pese a que existen valiosas experiencias en ese sentido, y a pesar del potencial que tienen los procesos de asociatividad y generación de capital social en el campo colombiano, no han sido suficientemente visibilizadas, por lo que se hace urgente adelantar investigaciones que permitan registrar casos exitosos de esas experiencias, que puedan aportar a la implementación de la reforma rural integral concebida en los acuerdos, y por ende a la consecución de la paz.

De ahí la necesidad de reconocer el medio rural, no solo como espacio de abastecimiento sino como una parte integrante de las dinámicas de cambio social, como tema vital en el conjunto de discursos y construcción de diálogos sociológicos latinoamericanos. La ponencia presenta entonces los resultados preliminares de una investigación que ha tenido como objetivo caracterizar procesos de construcción de capital social a partir de experiencias de asociatividad en territorios rurales de los departamentos de Cundinamarca, Cauca, y Nariño (Colombia), la cual se ha adelantado desde un enfoque cualitativo de investigación, a través del estudio de casos como diseño metodológico.