LA POLITICA PENAL EN LA VENEZUELA BOLIVARIANA

Esta ponencia analizará algunas dimensiones de la política penal implementada durante el proceso político bolivariano, desde el año 1999 al año 2017. A partir del comportamiento de la tasa de encarcelamiento vamos a identificar cuatro etapas: la primera de 1999 a 2000, caracterizada por el registro de la tasa de encarcelamiento más baja y el menor porcentaje de personas detenidas preventivamente durante los últimos treinta años en Venezuela; la segunda de 2001 a 2005 en la que se visualiza un ligero incremento de la tasa de encarcelamiento, pero luego permanece estable; la tercera de 2006 a 2012 y cuarta etapa de 2013 a 2017, caracterizadas por un aumento sostenido de la tasa de encarcelamiento, de la población detenida preventivamente y la tasa de homicidios. En cada etapa se realizará un análisis de las reformas realizadas al Código Orgánico Procesal Penal y al Código Penal; el contexto político en el que se aprobaron, los discursos que acompañaron estas iniciativas en los poderes públicos del Estado, y se revisará si estos indicadores han influido en el aumento o disminución de las tasas de encarcelamiento.

Durante la primera etapa (1999-2000) las políticas gubernamentales estuvieron concentradas en programas de inclusión social dirigidos a reducir la pobreza, el desempleo y la desigualdad. En el ámbito penal, se consagra constitucionalmente un sistema penitenciario que prioriza las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad y en lo procesal se pasa de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, estableciéndose el juzgamiento en libertad como regla. Estas políticas acarrearon una disminución significativa de los y las privadas de libertad y la tasa de encarcelamiento. Pero estos avances no lograron resistir los discursos que emparentaban el aumento de los delitos violentos con los nuevos beneficios procesales que proponía el nuevo instrumento legal y en 2000 se hace una reforma en un sentido punitivo.

En la segunda etapa (2001-2005) se realiza una reforma al COPP en el año 2001 más regresiva y punitiva que la del 2000, volviendo la tendencia punitiva histórica. Esta iniciativa, aprobada por una Asamblea Nacional con mayoría del partido del Presidente Chávez se dirigió a restringir las posibilidades de juzgamiento en libertad, extendiendo la aplicación de la prisión preventiva y a limitar las fórmulas alternativas para el cumplimiento de penas. También el Código Penal sufre una reforma y se crean nuevos tipos penales, se endurecen las penas y restringe los mecanismos alternativos a la privación de libertad para algunos delitos, iniciando la tendencia de aumento del porcentaje de procesados.

La tercera etapa (2006-2012), se caracteriza por una gran actividad legislativa, y se dieron cuatros reformas en materia procesal penal, que intentaban aliviar el retardo procesal y descongestionar las cárceles, pero que no modificaron los alcances de la detención preventiva y se limitaron a flexibilizar el acceso a los mecanismos de cumplimiento alternativo de la pena para los ya condenados. Llama la atención la reforma del 2012, ya que por un lado parece ampliar la posibilidad de uso de la suspensión condicional del proceso penal y de la suspensión de la acción penal mediante el principio de oportunidad, pero por el otro endurece los requisitos para acceder al trabajo fuera del establecimiento, al régimen abierto y a la libertad condicional.

Giros hacia la izquierda pero también contragiros hacia políticas conservadoras se observan en este periodo. Por un lado una reforma policial, caracterizada por la creación de estándares para la actuación policial, la constitución de una instancia rectora en la materia, la creación de una Universidad para la formación de los órganos de seguridad del Estado y el dictado de una política pública integral en materia de seguridad ciudadana. Pero por otro lado, se implementan dispositivos que priorizan el control del delito a través de la instalación de puntos de control en los territorios urbanos económicamente más desfavorecidos, que sin lugar a dudas, explicarán el incremento de la tasa de encarcelamiento, presentando desde 2008 a 2010 una mayor magnitud pasando de una tasa de 87 a una de 150 por cada cien mil habitantes.

Aunque la pobreza y la desigualdad siguen bajando, la tasa de homicidios continúa en ascenso. Antillano, explica que a pesar de la implementación de políticas sociales de carácter redistributivo no se ha logrado de manera total revertir las causas de la exclusión, ocasionando al interior de los sectores populares, desigualdades y brechas sociales, que promueven indirectamente tensiones, a la vez que erosionan los vínculos de clase y comunitarios, causando situaciones de violencia y conflictos (Antillano, 2014:10).

La cuarta etapa (2013-2017) se caracteriza por una producción normativa en materia penal y las políticas en materia de seguridad que intentan dar solución a problemáticas ligadas a la materia económica y se establecen tipificaciones nuevas en los delitos económicos y la instalación de dispositivos de seguridad para contener la delincuencia.

En esta etapa se da un giro en la orientación del nuevo modelo policial y se despliega un operativo que combina acciones de patrullaje y puntos de control, desplegados por las policías y las fuerzas armadas, pero que en la práctica tiene una fuerte orientación militarista. La tasa de homicidios y la de encarcelamiento siguen en aumento a consecuencia de los dispositivos de seguridad de carácter selectivo fuertemente implementados en los sectores populares que privilegian la persecución del delito de “bagatela”. Se mantiene la orientación de las políticas sociales pero se registra un ligero retroceso como consecuencia de la situación económica de crisis que enfrenta el país.