Alentada por una criminología mediática sin precedentes, basada en la divulgación de media verdades, así como la difusión de delitos y delincuentes estereotipados, presentados como una amenaza para la seguridad pública, la política de mano dura, la pérdida de garantías procesales, y el aumento a más del 100% de la población penitenciaria, entre 2006 y 2017, marcó la política de seguridad de Paraguay de los últimos años. De esta manera, se modificaron varios artículos de los Códigos Penal y Procesal Penal, obligando a la aplicación de prisión preventiva en los hechos punibles dolosos contra la vida y la integridad física, y a personas enjuiciadas en otros procesos similares; se aumentaron los marcos penales de varios delitos, convirtiéndolos en crimen, entre ellos la violencia doméstica; y se crearon nuevos tipos penales (feminicidio, maltrato animal); así mismo, se militarizó la política de seguridad interna, a través del Decreto N° 103, de 24 de agosto de 2013, por el cual se autoriza la participación de fuerzas militares en la Fuerza de Tarea Conjuntas (FTC), creada para combatir a grupos armados al margen de la ley, entre ellos, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el Primer Comando Capital (PCC), y el Comando Vermelho (CV), que operan principalmente en el noreste de la Región Oriental, entre los Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. En tanto, la percepción de inseguridad, el miedo al delito y la creencia del aumento de la delincuencia afecta cada vez más a la población, pasando del 65%, en 2012 a más del 90%, en 2017, convirtiéndose Paraguay, de esta manera, en uno de los países con mayor índice de miedo al delito en la región, incluso más que aquellos cuyas tasas de homicidios violentos son dos o incluso tres veces mayores. Sin embargo, en Paraguay las tasas de homicidios dolosos se redujeron a menos de 10 por cada 100 mil habitantes y los delitos contra la propiedad se mantuvieron estables o en leve ascenso, sólo en algunas regiones, como los departamentos Central y Asunción. El índice de delitos violentos ha venido descendiendo de tal manera, que Paraguay se ubica entre los países con menores proporciones muy por debajo de Brasil (30,3), y Venezuela (89), y cercana a Uruguay (8,1), Argentina (5,6) y Chile (3,5). A su vez, los datos de delincuencia de la Policía Nacional recogidos y analizados desde 2010 a 2017, y los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización 2017 muestran, por un lado, que el nivel de victimización a nivel nacional es del 36%, y el índice de sub registro del 69%, siendo el robo en viviendas y la extorsión los delitos más reportados; en tanto que la confianza en las instituciones del sector justicia (fiscalía, policía, jueces y tribunales), ronda apenas el 50%, y que la la televisión es el medio por el cual el 91,4% de paraguayos y paraguayas se informan sobre temas relacionados a la delincuencia, haciéndolo casi todos los días o todos los días, un 93,4%; y por otro lado, que las decisiones político criminales tomadas sin tener en cuenta mediciones empíricas no contribuyen al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, ni disminuyen el pánico moral. Es decir, a pesar de castigar cada vez más conductas, y de manera más dura, encerrando a más personas en prisión, el temor ciudadano no disminuyó, ni siquiera la comisión de los delitos contra la propiedad por lo que es imperioso avanzar hacia políticas de seguridad sustentadas en evidencias científicas, con enfoque de seguridad humana e integral, superando el paradigma reduccionista, que protege mayormente la propiedad; que tienda, por tanto, a la reducción de los niveles de desigualdad y exclusión social, promoviendo políticas integrativas, de ocupación de espacios públicos, centradas en las necesidades de seguridad de cada grupo social y de las distintas regiones del país; y por sobre todo, baje los niveles de ansiedad ciudadana derivadas de miedo al delito que impiden el disfrute de derechos ciudadanos y provocan erogaciones económicas para la satisfacción de una necesidad básica y derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el estado.