Tras una introducción teórica e histórica al tema Protección Social; se muestra en el trabajo el trayecto de las Políticas Sociales en Paraguay desde finales de 1930 y la configuración que adopta en cuanto Protección Social (no contributiva) desde la década del 90.
La década de 1940 fue central, porque se instalaron los ministerios y eslabones institucionales para atender desde el Estado; la cuestión social. Igualmente la 2da mitad de 1990 y las 2 primeras décadas del 2000, reconfiguran al Estado paraguayo, dando apertura a instituciones especificas para poblaciones más duras en cuanto a indigencia y vulnerabilidad. También se instala en la agenda pública la afirmación de la existencia de diferencias en cuanto Género y la necesidad de atención a rangos etarios específicos (niñez y adolescencia).
Este trabajo aborda la protección social en Paraguay; desde una reflexión crítica y pone en cuestión; el residualismo resultante de la herencia conservadora pautada por las respuestas estatales de la era dictatorial. También la minimalización de la Protección Social que el Paraguay desarrolla en la llamada era democrática, en la que se observan más claramente, que las Políticas Sociales y en especial la Protección Social, están subordinados a las Políticas Económicas. Un ejemplo es la subordinación (técnica y ético-política) de la que Paraguay fue y es objeto al adoptar (en toda la historia de las Políticas Sociales), medidas diseñadas casi en su totalidad (permaneciendo condicionada) por organismos internacionales. Sposati Aldaiza (1997) dice que proponer mínimos sociales es establecer el conjunto de cobertura de riesgos y de garantías que una sociedad ofrece a los/as ciudadanos/as.
Si bien lo que busca un plan nacional de desarrollo es definir el patrón social de civilidad garantizando derechos a todos, al desestimar lo universal y compatibilizar con la selectividad o focalización los mínimos sociales, a nuestro entender, descentran toda perspectiva de derechos.
Así, un país como Paraguay que no registra tradición de atención universal, a nuestro modo de ver al delimitar los riesgos y garantizar lo “mínimo” necesita por lo menos; reconfiguración permanente o sistemática, respecto a las necesidades humanas básicas con parámetros más o menos sintonizantes con los derechos sociales.
En tal sentido, más allá de los aciertos técnicos que por ejemplo Christian Mirza (2012) otorga a los instrumentos que utilizan gobiernos progresistas en la región, entre los que se encuentra la focalización tendiente a la universalización; afirmamos que solo pueden encontrarse en la órbita de los derechos sociales, aquellas respuestas cuyas herramientas teóricas, técnicas y políticas, se orienten efectivamente (en la práctica) al carácter universal, lo cual a nuestro modo de entender; supone mayor y mejor estatalidad, perspectiva que dista mucho de la realidad paraguaya actual .
Esta reflexión nos lleva a revisar fundamentalmente la idea de que se lograría procesualmente enfoques de derechos con la suma de focalizaciones, ya que los derechos sociales no cuentan con intermedios o niveles, simplemente lo son, o no lo son y la historia nos muestra que lo fueron siempre, solamente tras luchas y conquistas sociales. La idea de ciudadanía; si bien aparece después de 1989; en documentos oficiales de las Políticas Sociales en Paraguay (Estrategia de Lucha contra la Pobreza 2006, Plan 2010-2020 de la era de Lugo y el PND 2015-2030 de la era de Cartes), presenta avances débiles en cuanto a la organización político-territorial y conjeturamos que esto, a más de lo poco tematizado que está en la agenda de los movimientos sociales, el tema Protección Social como tal; contribuyó para instalar (con facilidad) las llamada Red de Protección Social con un mínimo de respuestas estatales necesario para sobrevivir. Por tanto; el ideario de asistencia social que desarrolló el Paraguay desde la década de 1940 hasta aquí es residual y nos recuerda a lo que Fleuri y Molina (2000) llaman asistencia en contextos socioeconómicos que enfatizan el mercado, auto regulándose las necesidades insatisfechas de acuerdo a los intereses individuales y la capacidad de cada uno de adquirir los bienes y servicios.
Los valores dominantes enfatizan la libertad, el individualismo y la igualdad de oportunidades, para generar condiciones diferenciadas de competencia en el mercado. Esto da lugar a un carácter compensatorio y discriminatorio sobre aquellos grupos sociales que demostraron su incapacidad para mantenerse adecuadamente en el mercado, por lo cual se lo llama residual. Para aquellos que fracasan, habrá necesidad de organizar fondos sociales, compuestos con donaciones financieras o en especie, guiados por individuos, grupos y asociaciones, e incluso hasta por agencias gubernamentales, inculcados por una perspectiva caritativa y educadora, dirán que; aunque es más importante enseñar a pescar que dar el pez, la asistencia urge.
La re edición de estas ideas con la organización que tiene base en el voluntariado hoy, diferenciándose dicha práctica de la acción pública, también representa un tema de reflexión. Esto porque la protección social histórica, resultante de las luchas obreras en Europa; han dejado explícita la problemática de la clase trabajadora, que hoy está desdibujada por toda la restructuración productiva.
En la actualidad; dentro de la clase trabajadora, no solo encontramos a los informales y formales, sino también a los que R. Antunes (2000) en el Libro “Adiós al Trabajo”; deja de llamar trabajadores, para denominar “los que viven del trabajo”, al referirse a los extremamente precarizados laboralmente.
Esto cobra importancia, considerando que la mercantilización y/o des-mercantilización de las Protección Social ( ), está directamente relacionado con el papel que cumple el Estado y sobre todo el Mercado en tanto satisfactor de necesidades ( ).