Diversos indicadores sitúan a Chile como un país destacado en la región a nivel económico y social (Ichem, 2016). A lo anterior se debe sumar su indiscutible estabilidad política y administrativa garantizada muchas veces por un pensamiento técnico político encarnado en la figura de tecnócratas (Silva, 2006) y, por cierto, la significativa reducción de la pobreza materializada desde el año 1990 en adelante (Cepal, 2010), donde el país ha logrado disminuir el indicador cerca de 40 puntos porcentuales (Ministerio de Desarrollo Social, 2015), además de contar con la esperanza de vida más alta de la región y el mayor capital humano (World Economic Forum, 2015).
Pese a estos aspectos relevantes subsiste una paradoja: por qué a la vez de ser uno de los países más exitosos de la región en cuanto a los indicadores mencionados, en Chile existen profundas desigualdades que tienen una expresión territorial. En concreto, se advierte la “persistencia de enormes diferencias socioeconómicas, que se reflejan en espacios urbanos segregados, tratos discriminatorios y capacidades muy distintas de influencia y poder” (PDUD, 2017).
De hecho, al analizar la situación del PIB pc en Chile, tanto a nivel nacional como en sus niveles subnacionales, se puede observar al menos dos situaciones. Primero, que al establecer la relación entre el territorio subnacional con mayor PIB pc en el país, respecto de la región con menor PIB pc la brecha es de 5,2 veces, mientras que en los países de mayor PIB pc a nivel mundial esta medición simple de disparidades territoriales no superan las dos veces (FLACSO, 2018).
Segundo, aún cuando Chile logrará alcanzar los 29.000 USD corrientes de PIB pc nacional para ingresar a los países desarrollados en un período de 8,2 años (proyectado a una tasa de crecimiento poblacional de 1%, y un crecimiento económico de 2,5% anual), las regiones lo lograrán en plazos muy asimétricos: de sus quince regiones, tres (Antofagasta, Maule, Arica y Parinacota) requerían entre 31 a 38 años, cuatro regiones (Los Lagos, BioBío, Coquimbo, Los Ríos) requerirán entre 25 a 27 años, y dos regiones (O´Higgins y Valparaíso) entre 14 a 16 años, mientras solo seis regiones chilenas están por debajo del promedio nacional (Silva, 2018).
Pareciera entonces que la simple generación de políticas enfocadas al crecimiento o la superación de la pobreza no tienen el impacto esperado, si es que no van acompañados de una perspectiva territorial que considere nuevas formas de distribución de recursos y que asuma que “la reducción de la desigualdad espacial es un objetivo que debe incorporarse de manera expresa en el diseño de un nuevo modelo de crecimiento para Chile” (Atienza y Aroca, 2012).
De ahí entonces que incorporar la variable territorial en el diseño de políticas públicas y en especial en los planes de reducción de pobreza y desigualdad es clave. Esta afirmación toma mayor relevancia si se considera además el alto nivel de centralismo del Estado en la toma de decisiones y la planificación del desarrollo; la ausencia del enfoque territorial en la oferta de programas sociales del Estado y los bajos niveles de participación política y confianza instalados en la sociedad chilena.
En ese marco -y tomando como caso de estudio la puesta en marcha del Programa Piloto “Intervención Integral en Territorios Vulnerables”, o Programa “Más Territorio” del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) del Ministerio de Desarrollo Social de Chile, que tiene un enfoque territorial- la investigación doctoral que da origen a este artículo se propuso como objetivo identificar elementos de diseño y factores institucionales, políticos, y sociales, que facilitan u obstaculizan la incorporación de la perspectiva territorial en los programas sociales para la superación de la pobreza.
Para ello, se implementó una metodología mixta, que combinó la aplicación de encuestas a funcionarios/as a nivel nacional y entrevistas a actores claves. Se pudo constatar una baja capacidad local en los territorios intracomunales y comunales de Chile, la instrumentalización del trabajo comunitario y la participación ciudadana por parte del Estado, operacionalizada por políticas y programas que no tienen condiciones o capacidades para asumir lo que implica la perspectiva territorial, y la ausencia de proyectos políticos locales como uno de los factores explicativos de la pobreza y la desigualdad.
