La participación y la representación política de las comunidades y pueblos indígenas es una cuestión que goza ahora de un amplio consenso normativo: todos reconocen que ésta resulta imprescindible para incluir a las poblaciones originarias en el concierto de votos que definen las leyes y los destinos de una Nación tan diversa, pluri-étnica y multicultural como la mexicana. No obstante, pese a la nutrida participación electoral de muchas comunidades indígenas persiste un rezago en su representación política, rezago que se asocia con prácticas multifacéticas de discriminación y exclusión –económica, social y cultural–. ¿A qué se deben estas brechas, y cuáles son las posibles vías para resarcirlas?
Esta ponencia partirá del análisis de los resultados electorales en las 3 mil 342 secciones mayoritariamente indígenas, para identificar las tendencias de la participación y del voto en las distintas regiones indígenas y contrastarlas con las de las zonas mestizas, controlando por otros parámetros de desigualdad, territorial, socio-demográfica y de desarrollo humano. Asimismo, se analizarán los datos biográficos que se recopilaron sobre los diputados indígenas, en vistas de captar las tendencias más recientes en materia de representación legislativa. Pero sobre todo, se realizará un seguimiento y un estudio cualitativo del proceso electoral de 2018 en los 28 distritos uninominales federales con más de 40% de población indígena, en vistas de registrar las especificidades de las campañas de las y los candidatos que aspiran a esos escaños legislativos. El trabajo de campo (documentación y observación del proceso, de la jornada y del periodo post-electoral, entrevistas con actores clave) se realizó en contextos diferenciados que fueron seleccionados con un enfoque de Análisis Comparativo Cualitativo (QCA) de casos.
Esta investigación tiene un interés estratégico para la formulación de políticas públicas orientadas hacia la inclusión de las minorías étnico-lingüísticas del país. Dicha cuestión ya forma parte de la agenda añeja de distintas instituciones (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas), y está siendo asumida ahora por las autoridades electorales, nacionales (INE y TEPJF) y locales (Organismos Públicos Electorales Locales de Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Chiapas, CDMX) que requieren de datos sistemáticos y confiables para formular sus estrategias respectivas. Este estudio busca contribuir a esta agenda con información empírica rigurosa recabada en campo. Asimismo, este estudio plantea problemas fundamentales para las ciencias sociales y contribuirá al debate sobre la desigualdad y la discriminación (económica y socio-cultural) de la que son objeto las poblaciones indígenas, sobre las prácticas de exclusión y de violencia política (electoral y de género) que se observan en algunas regiones del país, así como sobre la crisis de gobernanza y legitimidad que enfrenta la democracia mexicana en la actualidad.
Hoy en día, existe un amplio acuerdo sobre la necesidad de reconocer la diversidad cultural y el carácter pluri-étnico de la Nación mexicana, así como de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. En particular, se ha generado una toma de conciencia generalizada sobre la urgencia de mejorar la inclusión política de las poblaciones indígenas, mediante mecanismos que propicien una participación y representación política de mayor alcance, eficacia y calidad.
No obstante, un diagnóstico general de los resultados y de distintas experiencias recientes arroja un balance paradójico, con avances, rezagos y aspectos claroscuros. Indudablemente, existe un amplio re-conocimiento de las conquistas normativas que se han plasmado en distintos instrumentos de derecho, nacional e internacional: el conocido Convenio 169 de la OIT, las declaraciones más recientes de derechos indígenas adoptadas por las Naciones Unidas y por la Organización de Estados Americanos y, sobre todo, el multicitado artículo 2º de la Constitución mexicana. Gracias a un cuerpo creciente de jurisprudencia, estos proporcionan una base sólida para la lucha por los derechos indígenas, al establecer principios y otorgar garantías jurídicas.
Sin embargo, también hay una toma de consciencia colectiva sobre el rezago persistente en el ámbito de la representación legislativa efectiva, a pesar de una participación electoral sostenida y plural de los ciudadanos y comunidades indígenas. Hasta la fecha, las reformas que se realizaron en esta materia han tenido efectos ambivalentes en términos de inclusión política. Como lo indica una investigación que realizamos entre 2011 y 2012, las tendencias federales de la representación legislativa indígena revelan un rezago persistente en esta materia.
Por lo pronto, los avances normativos se han realizado en escalas globales e inter-nacionales, en la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989), en la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2008), en la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2016) y en el Congreso de la Unión. Para concretizar estos principios jurídicos abstractos y traducirlos en prácticas cotidianas habrá que aterrizarlos ahora en otros niveles de gobierno –en los ámbitos estatales y municipales–, y aplicarlos en escalas propicias para la acción e intervención públicas –en las comunidades y localidades que conforman los pueblos y las regiones indígenas–.
Los retos tendrán que ser abordados con enfoques multidimensionales que distingan y articulen estos niveles de gobernanza (el comunal y el municipal; el de los distritos legislativos locales y el de las entidades federadas, el de los distritos uninominales federales y el de las circunscripciones plurinominales, el federal y el nacional). Para ampliar la inclusión indígena, se tendrán que articular estos distintos niveles de acción, coordinación y análisis, en vistas de propiciar/incentivar una participación y representación más efectiva de las comunidades, de los pueblos y de los ciudadanos indígenas, en términos cuantitativos, cualitativos y sustantivos. Todo ello configura una rica agenda para la investigación académica, indispensable para alimentar un debate ciudadano multicultural y plural, riguroso e informado.