En Argentina, el abordaje de la inclusión social, ha sido enfocado a través de diversas y fragmentadas estrategias de intervención. Es decir que ha faltado una integralidad del accionar estatal para responder articuladamente y eficazmente. En el caso de las poblaciones juveniles, las políticas públicas se han focalizado en los en dos pares de ejes: educación- trabajo o capacitación- empleo, para dar cuenta de los déficit en materia educativa y laborales ( a través de lo educativo para enfrentar la inserción laboral). Esta focalización de las políticas públicas, en materia de juventud, a su vez ha puntualizado en los sectores vulnerables.
Un intento de dar respuesta a los déficit de articulación de las políticas públicas en materia de inclusión social juvenil ha sido en este caso el programa PRO.G.RES.AR, creado por Decreto del Poder Ejecutivo N°84/2014 , en 2014 , cuyo objetivo central es dar apoyo a los jóvenes para concluir sus estudios, o dar lugar a su formación /capacitación laboral, a través de un esquema de transferencias condicionadas.
En el inicio de siglo hubo en la región un viraje en esquema de políticas públicas sociales, y particularmente desde 2003 en Argentina. se pasó de un enfoque centrado en el riesgo a uno de derechos e inclusión social. el enfoque del riesgo, propio de las etapa neoliberal de los noventa, había profundizado el desmantelamiento de un modelos de protección social de un Estado de Bienestar de vocación universalista. El enfoque centrado en los derechos supone una intervención estatal más integral, y no solo se enfoca en el individuo , sino que la familia se torna en núcleo de las políticas implementadas, a través de las políticas de transferencias condicionadas (PTC), que se referirán a la obligatoriedad de los beneficiados de cumplir con ciertas exigencias en materia de acceso a bienes públicos, como es el caso de salud, educación, etc. El enfoque de derechos, en materia juvenil, se enmarca en un paradigma propio en las políticas públicas hacia los niños, niñas y jóvenes. Jurídicamente se enlaza internacionalmente con las Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989 de Naciones Unidas, que reconoció derechos económicos, sociales y culturales a niños, niñas y adolescentes sin discriminación de ninguna índole. Argentina adhirió a la convención en 1994, y le otorga rango constitucional al incorporar en al reforma de la constitucional de 1994. Este enfoque concibe a los niños y jóvenes como sujetos poseedores de una amplia gama de derechos (civiles, sociales, económicos políticos y culturales) que deben ser garantidos por el Estado. Y que luego tuvo eco en el 2005, con la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, Ley 26061, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de pleno derecho, y abandona el sistema de tutela Estatal del patronato, propio del enfoque del riesgo.
El enfoque de riesgo, estuvo atado a políticas de carácter asistencialista y focalizado. en cuanto a los jóvenes, su mirada era orientada a concebirlo dentro de los sectores vulnerables vinculados al delito, el tráfico, etc, todos acausales de inseguridad. Los jóvenes en vez de ser sujetos se perciben como un problema o potenciales riesgos. Los niños y jóvenes es decir de los sectores más vulnerables y/o excluidos de la población, se convierten en foco de atenciones, respuesta del Estado a una situación irregular peligrosa . La intervención bajo la tutela busca la defensa y la protección . Esto es es por ende una mirada de las políticas públicas de carácter asistencial ,compensatorio, limitado, sectorial y focalizado.
El presente trabajo busca profundizar los ejes de las dos miradas presentes en la promoción de la educación universitaria, en términos de los beneficiarios de las políticas públicas educativas, bajo forma de becas, subsidios o transferencias condicionadas, en Argentina, y particularmente en la provincia de Córdoba, desde la implementación del programa PRO.G.RES.AR, como continuidad de la AUH.