De la propiedad privada a la propiedad colectiva en la era neoliberal
Érika Fontánez Torres, Marina Moscoso Arabía, María Hernández Torrales
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Uno de los tantos temas de gran relevancia en este periodo de crisis financiera y deuda fiscal en Puerto Rico, empeorado por el paso del Huracán María, es el de las formas en que se ha concebido y asumido la propiedad en Puerto Rico (privada, pública y común) y en específico, la relación de esto con el tema de la vivienda. Luego del paso del huracán, miles de personas, familias, comunidades, perdieron su vivienda y esto, entre otros asuntos, ha empujado súbitamente a miles de personas a emigrar del país. Puerto Rico cuenta con una gran cantidad de personas que habitan en áreas vulnerables, en la precariedad, sin títulos de propiedad o garantías que le permitan mantener la posesión de sus casas, tierras o fincas que han trabajado y conseguido con mucho sacrificio, aún desde la llamada informalidad. Esto último, además, ha colocado miles de personas fuera del acceso a ayudas gubernamentales para palear la crisis.

A esto se añade el peligro constatado que enfrentan comunidades que –propietarias o no- se encuentran en zonas urbanas de interés para el mercado de bienes raíces, quienes ya sea por el fenómeno del gentrification o por el uso perverso del poder de expropiación del estado para un supuesto fin público, son expulsadas de la ciudad y de las áreas donde han establecido sus lazos comunitarios. El fenómeno de las expropiaciones a pequeños propietarios y el desplazamiento de comunidades pone sobre la mesa las formas en que los valores de cambio de la propiedad, la injustificada especulación como parte del derecho propietario y el desentendimiento del Estado de la necesidad de una regulación urbana sensible tienen consecuencias directas, nefastas y desproporcionadas sobre unos sectores en particular. Por otro lado, de acuerdo a datos del US-Census, cerca de un 22% (326,435) del total de unidades de vivienda en Puerto Rico permanecen “vacantes” mientras se hace patente que el país experimenta una de las peores crisis de acceso a la vivienda y el suelo en varias décadas. Irónicamente, muchas de estas propiedades pasan, incluso, a formar parte del enorme inventario de estructuras que se conocen como “estorbos públicos”. El problema de propiedades abandonadas y de injusticia habitacional en la Isla está estrechamente vinculado a un Estado que, ya sea por acción o inacción, ha venido renunciando al deber de atender el bien común frente el interés privado. Al día de hoy, la comodificación de la vivienda, la masiva suburbanización del territorio, las prácticas especulativas del mercado inmobiliario, las políticas fiscales y de austeridad (adoptadas tanto por el gobierno insular como el de los Estados Unidos) y los recientes embates de los huracanes, han provocado un mayor abandono, un acentuado deterioro y un problema habitacional extensivo a toda la Isla.

Estos escenarios nos presentan la oportunidad para analizar y cuestionar los entendidos y las formas jurídicas que se han privilegiado respecto al derecho propietario y a la propiedad privada individual como institución clave del andamiaje capitalista en que vivimos. También nos permite examinar proyectos y alternativas que han ideado nuevas formas propietarias o que han cuestionado las premisas tradicionales sobre la regulación (o no regulación) del suelo y de la vivienda. La llamada crisis de la vivienda, por dar un ejemplo, nunca ha dejado de ser crisis. Desde el 1872 Friedrich Engels denunció las condiciones paupérrimas de las viviendas de los trabajadores (o la falta de ella) y afirmó que la pregunta por la vivienda iba más allá de promover legislación. El problema de la vivienda -afirmó en ese entonces- es el resultado intrínseco del modo de producción capitalista y argumentó que no podía verse de manera aislada a las condiciones sociales que afectan a la clase trabajadora. Hoy día el tema sigue teniendo entronques estructurales atados a la economía política y al mundo de vida neoliberal. Hablar de crisis de la vivienda sin reconocer lo que implica el negocio de bienes raíces en las finanzas globales no tendría mucho alcance. En fin, que estos temas relacionados a las necesidades de vivienda, el deterioro de la ciudad, la informalidad y la vulnerabilidad de los sectores que no pueden acceder a la justicia habitacional y a todo lo que ello implica, tienen relación directa con la concepción y la distribución de la propiedad privada y con las formas tradicionales y diseños institucionales que se han promovido por la economía política capitalista.

Este panel reexamina, en primer lugar, cómo se ha entendido y se ha desarrollado la propiedad privada, tanto en términos filosófico-políticos como jurídica y culturalmente, y cómo toma forma en un mundo neoliberal. Esta reflexión es importante para el desafío de la crisis actual, de cara a los cuestionamientos al orden institucional vigente, y para vislumbrar nuevos mecanismos. En segundo lugar, el panel expondrá nuevos imaginarios e iniciativas que cuestionan los entendidos tradicionales de la propiedad en Puerto Rico. El país tiene una larga historia de ocupación del suelo que ha tenido distintas manifestaciones en momentos distintos pero que, en última instancia, responde a las necesidades de subsistencia de diversos sectores de la población. De esa tradición de organización civil y comunitaria parecen emanar, aún con sus complejas implicaciones, las distintas alternativas para atender el problema desde una óptica que reconozca la función social de la propiedad. Alternativas como promover la aprobación de políticas públicas y protocolos que superen los tradicionales enfoques remediativos para adoptar un carácter preventivo; ofrecer herramientas para que los ciudadanos se puedan insertar efectivamente en la tarea de identificar y disponer adecuadamente de los llamados “estorbos públicos”; y desarrollar proyectos bajo otras formas de tenencia como pueden ser las cooperativas, fideicomisos o bancos de tierras. Tomando sólo en consideración el número de propiedades “vacantes” existentes frente al número de propiedades que fueron parcial o totalmente afectadas por los pasados huracanes (según estimados oscila entre las 250,000 a las 270,000) hay buenas razones para pensar que tenemos una extraordinaria oportunidad para repensar cómo atender el problema habitacional en Puerto Rico.

Finalmente, el panel presentará estudios de caso de grupos y comunidades atendidas por la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Desde la Clínica de Asistencia Legal hemos estado atentos a la situación a la que se enfrentan nuestras comunidades de ingresos muy bajos con respecto a la vivienda y colaborando con ellas en sus esfuerzos para tener los accesos necesarios para conseguir sus objetivos. Acompañamos a las Comunidades del Caño Martín Peña, en San Juan, Puerto Rico, en la organización de su Fideicomiso de Tierras (community land trust) que tiene el propósito de regularizar la relación de cerca de 2,000 familias residentes en cerca de 80 hectáreas con el terreno donde ubican sus viviendas y evitar que sean desplazadas como resultado de obras de justicia ambiental que se realizan en sus comunidades. De igual forma, trabajamos con 132 familias que ocuparon poco más de 11 hectáreas de terreno perteneciente al gobierno en el Municipio de Toa Alta y que a la fecha han regularizado su ocupación y están en el proceso de adquirir el terreno mediante compra. Otro ejemplo de los esfuerzos que realizan nuestras comunidades de bajos ingresos por asegurar un lugar donde vivir una vida digna, y con quien colaboramos, es la comunidad Las Cuevas en el Municipio de Loíza, en la que poco más de 50 familias se unieron para adquirir un predio de terreno donde desarrollar su comunidad, pero a pesar de ser titulares colectivos del predio de poco más de 2 hectáreas, el gobierno les niega el acceso a los servicios básicos. Todas estas gestiones se realizan con la colaboración de los estudiantes de derecho en su tercer o cuarto año de estudios, creando a su vez en éstos la conciencia de la importancia de proveer acceso a la justicia a aquellas personas cuyas condiciones económicas no le permiten tal acceso.
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