Este documento se enfoca en el análisis de lo observado en la fase inicial de la reforma rural (2017) para proponer alternativas metodológicas para su implementación en diferentes niveles y escenarios políticos alternativos. Los desafíos políticos y metodológicos de la implementación de los programas de la reforma rural integral se vuelven mas complejos ante la incertidumbre que provoca el cambio de gobierno en Colombia 2018. No obstante, haber dejado planteados los estatutos básicos para emprender los años de ejecución, los riesgos de fracaso crecen ante la inminencia de unas fuerzas políticas y sociales que quieren neutralizar a toda costa,el camino inicial recorrido. Si bien es cierto que el fundamento del acuerdo final está blindado en términos constitucionales y del derecho internacional, la aplicación de los decretos pasa hoy por la eventualidad de su desfinanciación, si llega un nuevo gobierno adverso a lo convenido.
Los programas correspondientes a diferentes ONGs internacionales a cargo de la ONU, cuentan con la viabilidad económico para seguir adelante. Las metodologías utiizadas por estas organizaciones, entre ellas el caso de la CISP italiana en Putumayo, puede ser pilotos para aterrizar en los territorios locales la totalidad de los programas dispuestos para atender las zonas abandonadas, viabilizar el acceso y formalización de propiedad rural, programas de sustitución de cultivos ilícitos, programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), otorgar plazo para acreditar programas de licenciatura en zonas PDET, electrificación rural, planes de construcción y mejoramiento de viviendas campesinas, incrementar planta docente rural, ofrecer incentivos tributarios a empresas que construyan infraestructura rural y el pago por servicios ambientales a quienes preserven ecosistemas estratégicos.
Esta ponencia propone el uso de metodologías internacionales de implementación del programa de reforma rural integral (2017), y aportar a la factibilidad de sus resultados e impactos.
En las siguientes líneas se analiza la puesta en marcha de este programa, fundamental para la institucionalización de los territorios sin presencia estatal en Colombia, así como para la consolidación del proceso de paz territorial. Los estudios de implementación permiten observar integralmente y con una perspectiva de efectividad, la puesta en marcha de todos los elementos que concurren a este proceso, actores, autoridades, movimientos sociales, recursos, valores en conflicto, información, instituciones, instrumentos y la comunidad internacional.
Lo que pudo ser la ejecución mancomunada de un consenso nacional ante la dejación de un grupo armado que operó durante más de media siglo, en los rincones más alejados de Colombia, se convirtió en una carrera contra el reloj, por las vicisitudes interpuestas por caudillos, partidos políticos y ejércitos privados a quienes no les convenía el fin de una guerra muy lucrativa para sus intereses particulares. Por ello, 2017 se constituye en el año de la fase de aprestamiento para la efectiva implementación del acuerdo en lo atinente a la reforma rural en general y al programa de desarrollo con enfoque territorial (PDET) en particular, entendido como el instrumento vigente más importante para institucionalizar la plenitud del territorio nacional.
Un primer obstáculo atravesado por los movimientos, grupos y caudillos que auspician la continuación de la guerra, y la continuidad de un statu quo rural, sin catastro ni claridad sobre la propiedad de la tierra fue anunciado por el ex Procurador General de la Nación y el expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos -Fedegan- en plaza pública en el Oriente colombiano, cuando amenazaron con una vía de hecho que ha cobrado víctimas entre los campesinos más vulnerables del país, la presencia de “Ejércitos anti-restitución de tierras” como una más de las amenazas al campo, al tiempo que la ultraderecha con vínculos con grupos armados, instaba a hacer “trizas” el acuerdo paz.
Los conflictos rurales, particularmente por la propiedad de la tierra, entre élites y comunidades rurales, han estado presentes desde el siglo XVI, durante toda la historia nacional y subsisten hasta la fecha. El programa de reforma rural integral, enfrenta entonces hoy escollos similares a las reformas agrarias anteriores, intentadas por los gobiernos en 1936, 1962 y 1994.
