La educación es considerada como un derecho humano fundamental, presente en una red de tratados internacionales y constituciones nacionales. El garante de este derecho es el Estado; el mismo es quien respeta, protege y garantiza que se pueda realizar en un marco de igualdad y libre de toda discriminación. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para financiar el sistema público de educación.
Aún hoy en día, en América Latina existen obstáculos para el desarrollo pleno de éste derecho, lo cual es alarmante si tenemos en cuenta las desigualdades sociales que han existido históricamente en la región. Como parte de estos obstáculos, observamos que, durante los últimos años. se han implementado políticas que introducen lógicas mercantiles en el campo educativo. En ese marco, se ha permitido el desarrollo de una industria ligada a la extracción de lucro en la educación.
Mediante distintos acuerdos internacionales que plantean una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado, se hace posible la transferencia de competencias y recursos públicos a terceros. De esta manera, el Estado, adquiere una lógica empresarial.
Concebir a la educación como una mercancía tiene estrecha relación con esta tendencia a la aplicación de políticas mercantiles en la educación. El proceso de fragilización de lo público, no solo abarca el crecimiento de la matrícula en escuelas privadas, sino también la inserción, a través de distintos programas y pruebas estandarizadas, de empresas y grandes grupos económicos, así como de organismos internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
Al mismo tiempo, los medios de comunicación de carácter hegemónico han desarrollado un discurso enfocado a formar una opinión positiva acerca de la perspectiva privatizadora de la educación. En todos los medios, predomina un marco que favorece la lógica de mercado para transformar y evaluar los sistemas educativos de los Estados. En este sentido, se observa una estrecha relación entre estos medios de propiedad concentrada y el pensamiento de corte neoliberal sobre la educación.
Este discurso neoliberal ha logrado instalar la naturalización de cierto diagnóstico de la realidad, y al mismo tiempo una posible solución al “problema” que diagnostica. Este problema es identificado como una crisis educativa de la cual es responsable el Estado. Desde esta perspectiva, se impone el discurso de la mala administración, de la ineficiencia, de la incapacidad del Estado para gestionar políticas educativas “de calidad”. Asimismo se construye una imagen de ineficiencia de los actores (docentes, empleados e incluso estudiantes) de las escuelas públicas.
Nuestro recorte de análisis parte en la década del ´90, marco histórico en el que se profundiza esta tendencia. Desde la perspectiva regional identificamos dos momentos que, a priori, se contraponen: una mirada desde las lógicas mercantiles del neoliberalismo y, por otro lado, un enfoque desde políticas públicas implementadas durante gobiernos de carácter progresista.
Para abordar este análisis, tomaremos en cuenta la categorización de Ball e Yodell (2007) sobre las formas contemporáneas de la privatización: privatización exógena (de la educación pública) y privatización endógena (en la educación pública).
-La privatización exógena o privatización de la educación pública: Existen diferentes formas exógenas de privatización; todas implican la apertura de los servicios de educación pública a la participación del sector privado. Una de estas formas se trata del logro de beneficios económicos privados en el campo de la educación pública. El Estado compra bienes y servicios educativos: desde contenidos curriculares, software, libros de texto, hasta procesos de evaluación de resultados de aprendizaje. A modo de ejemplo encontramos las pruebas PISA (Programme for Internacional Student Assestment). Este tipo de pruebas estandarizadas consiste en un análisis cuantitativo que compara resultados de evaluaciones realizadas en una determinada franja escolar con el objetivo de evaluar sistemas educativos entre diferentes países. Las pruebas PISA son implementadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). De esta manera, encontramos la presencia de empresas transnacionales y de organismos internacionales que operan en distintos aspectos de la educación y en varios países simultáneamente. Otra forma de privatización exógena es la oferta educativa del sector privado con subvención pública. En este caso, encontramos estrategias de financiamiento, con fondos públicos, de escuelas privadas (total o parcial) así como escuelas públicas concesionadas en su administración al sector privado.
-La privatización endógena o privatización en la educación pública: Esta forma de privatización implica la incorporación de valores y prácticas del mercado con el objeto de que el sector público se convierta en un espacio de competencia, con una creciente lógica mercantil. La educación pública, en este caso, adopta la forma de gestión empresarial. Este tipo de gestión es implementada de varias maneras, por ejemplo incentivando conductas de competencia entre estudiantes, entre docentes, así como también entre escuelas.
Encontramos una tercera y más reciente forma de privatización denominada “Gobernanza corporativa”. Esta forma emergente de privatización, apunta a la participación directa del sector empresarial en la agenda educativa de los Estados. A través de lobby, de la presencia de las empresas en los programas de la política educativa, o incluso mediante cargos estratégicos de la función pública asumidos por los representantes de estas corporaciones.
Desde la coyuntura actual argentina, destacamos que se promueve la visión de la educación como una mercancía más ofrecida en el sistema capitalista desde sectores tales como: el mismísimo gobierno Nacional, entidades privadas y la influencia de los oligopolios y grandes corporaciones dentro del paradigma educativo. Mediante políticas de vaciamiento de la escuela pública, demonización de las y los educadorxs, utilización de los medio masivos y hegemónicos de comunicación, entre otras medidas, identificamos que el Estado vira sus fines de lo público a lo privado.