Ciudadanía Universal ¿mito o realidad?, condiciones de vulnerabilidad de los ciudadanos venezolanos en condiciones de movilidad humana en Ecuador
Eduardo López
Maira Sichique

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, incluye el concepto de Ciudadanía Universal , el cual garantiza los derechos a personas en movilidad humana e intenta ordenar el cuerpo normativo en cuanto a procesos migratorios y de refugio. El 5 de enero de 2017 la Asamblea Nacional del Ecuador, aprobó una nueva Ley de Movilidad Humana; cuya normativa articula la reglamentación en lo referente a procesos de migración y movilidad humana, tanto para los nacionales fuera del país, así como para los extranjeros que hacen presencia en territorio nacional, además garantiza los derechos a personas migrantes e intenta ordenar el cuerpo normativo en cuanto a procesos migratorios y de refugio.

Si bien esto plantea un avance en temas de movilidad, en los últimos meses la situación de movilidad humana de ciudadanos venezolanos deja entrever vacíos en la actuación del gobierno receptor a los derechos de movilidad de estos ciudadanos, principalmente por el aumento del flujo de movilización, la necesidad de creación de albergues temporales, y las solicitudes de refugio por parte de los ciudadanos, lo que deja una población en situación de vulnerabilidad.

Esta situación tiene como contexto la difícil situación económica y social por la que atraviesa Venezuela, y la movilización de amplios grupos de población desde el 2013 hacia países de la región como Perú, Chile y Argentina, y haciendo paso obligatorio por Colombia y Ecuador. En el ultimo año, el aumento en el flujo migratorio de los venezolanos ha sido evidente en los registros fronterizos, para el caso, la Oficina de Migración Colombiana demostró que en el año 2016 registraron 32.000 salidas de venezolanos con dirección a Ecuador, cifra que en los años siguientes creció sustancialmente. Al respecto, la página oficial de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) exhibe que en el 2017 ingresaron a Ecuador 285.000 venezolanos y, para inicios del 2018 un 52% más que el año anterior (550 mil), pero solo el 20% encuentra en Ecuador su residencia permanente.
Frente a esta realidad, el Gobierno ecuatoriano mantuvo una postura de “no injerencia” e invisibilidad de las condiciones precarias y de vulnerabilidad a la que están expuestas los migrantes venezolanos/as en territorio ecuatoriano. Sin embargo, durante la primera semana de agosto del presente año, ingresaron al país por el punto fronterizo terrestre 30.000 venezolanos, esto es 4000 por día, agudizando las condiciones sociales de los ciudadanos en movilidad, y visibilizó la poca injerencia del estado para la garantía del derecho a la libre movilidad en le territorio ecuatoriano estipulado en la constitución del Ecuador de 2008.
Esta afluencia masiva obligó recientemente al gobierno a firmar el 08 de agosto establecer un plan de contingencia para la atención humanitaria, lo que se vincula al decreto de estado de emergencia en las provincias de Carchi (acceso al país), Pichincha (principal permanencia de venezolanos) y el Oro (frontera con Perú).
Frente a esta situación, y al hermetismo, neutralidad y desinterés al que se a alineado el estado ecuatoriano momento de analizar las condiciones de movilidad humana y solicitudes de refugio venezolano en suelo ecuatoriano, nos surge la siguiente pregunta: ¿cuáles son las condiciones de vulnerabilidad en territorio ecuatoriano de los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana?
Las causas de la migración venezolana implica analizar dos discursos discrepantes entre sí, desde el oficialismo acusan a una guerra económica impulsada desde el extranjero que se ha expresado a través de un bloqueo comercial y económico, provocando la especulación y carencia en los productos y bienes de primera necesidad, mientras que su oposición habla de una destrucción de la economía y una dependencia exclusiva de las rentas provenientes de la exportación del petróleo, aunado a la irresponsabilidad, desconocimiento y modelo económico desfasado de las dinámicas económicas actuales.
Sin embargo, no es intensión de este trabajo abordar las causas de la migración venezolana, sino hacer un análisis descriptivo de las condiciones de los migrantes venezolanos en situación de movilidad, teniendo en cuenta la inactividad del estado ecuatoriano para hacerle frente a las condiciones de vulnerabilidad, para eso, se realizaron una serie de entrevistas en los espacios de ocupación y refugios improvisados en la Ciudad de Quito (terminal Carcelén, Quito), así como la situación de los migrantes en puntos fronterizos (Puente Internacional Rumichaca), para de esa manera, analizar tres requerimientos básicos de ciudadanos en condición de movilidad: acceso a alimentos de primera necesidad; acceso a albergues de duración corta, y asistencia en salud, particularmente por las condiciones de movilidad vía terrestre transfronteriza.
Si bien el propósito principal de este estudio no correspondió a un análisis exhaustivo del contexto venezolano, es importante incluirlo con el fin de tener una mirada global de la situación, que permita comprender las relaciones económicas- políticas al interior del país y los efectos en las condiciones de vida de sus ciudadanos, con esto analizar el porque emigrar se convierte en la única esperanza de mejorar su economía y ayudar a sus familiares y como esto provoca que se encaminen a una travesía muchas vences sin recursos económicos, o decidan empezar el recorrido caminando.
Entre las situaciones encontradas en la investigación, se encontró que las condiciones del transito por Ecuador pueden extenderse por semanas, en condiciones de precariedad, vulnerabilidad, personas en movilidad durmiendo en parterres, carpas improvisadas en calles y parques, campamentos afuera de los terminales, colchones desgatados en el piso, hacinados y expuesto al frio extremo de la noche andina ecuatoriana. De igual forma, junto a organizaciones de la sociedad civil se pudo observar las condiciones de niños y niñas, mujeres embarazadas, en condiciones de vulnerabilidad de trata, explotación sexual, personas adultas mayores que viajan solos, o en grupos familiares o de amigos, que hacen espera en estaciones de terminal, esperando reunir el dinero necesario para obtener pasajes a la frontera con Perú y continuar con el viaje, lo que hacen por medio de la mendicidad, o por la ayuda de algunos ecuatorianos venta informal de dulces o billetes venezolanos.
Otra situación que preocupa a las organizaciones de derechos humanos, y sobre las cuales el estado ecuatoriano a mantenido una neutralidad y hermetismo son las solicitudes de refugio presentadas por ciudadanos venezolanos con la intensión de establecerse en Ecuador. Según ACNUR desde el año 2015 a febrero del año 2018 en el Ecuador se han presentado 2232 solicitudes de asilo, de las cuales solo en el año 2017 se presentaron 1530, del total de solicitudes según personal de Cancillería tan solo 6 han sido admitido a trámite.
Frente a los que deciden quedarse en Ecuador por medio del acceso a una visa, las condiciones son semejantes, el aprovechamiento por algunos empleadores ecuatorianos hace que sean explotados laboralmente. Al respecto el Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma expresa que los venezolanos no reciben un salario justo por el trabajo realizado, apenas perciben entre 10 o 20 dólares semanales, y al ministerio se han presentado 800 denuncias, solo en Quito, de no pago.
Las condiciones de vivienda, también se convierten en categoría de análisis, aun cuando en Ecuador existe la Ley de Inquilinato que garantiza los derechos de los arrendatarios; a los ciudadanos venezolanos por falta de pago superiores a dos meses les suspende los servicios básicos y en algunos casos más extremos le impiden el acceso a la vivienda. Al interior de los centros educativos, se escucha historia de discriminación y xenofobia, esto como un reflejo de como la sociedad ecuatoriana empieza a percibir a los venezolanos.
Pero la situación mas compleja, se centra en los ciudadanos que se encuentran en situación de paso, en los lugares donde pernoctan se juntan elementos importantes por la vulnerabilidad de las condiciones, espacios abiertos, bajo condiciones climáticas diferentes, lo que da pie a la aparición de otros problemas, como la trata de personas, desarrollo de económicas ilícitas, aprovechamiento de las condiciones de migración, extorsiones, cobros indebidos por hospedaje, e incentivo a la inmigración informal.
Si bien es importante resaltar que, frente a esta problemática y la inacción del estado, la sociedad civil se ha comprometido en jornadas de ayuda humanitaria, junto con organizaciones sociales, y han gestionado medicinas, cobijas, colchones, alimentos y se han encontrado con obstáculos e intereses de particulares, tanto de parte del gobierno como de ciudadanos venezolanos que se adjudican la vocería de los migrantes. Estas condiciones han hecho que el estado decida intervenir en la situación y junto con la Alcaldía de Quito se decida improvisar albergues y negociar con las personas en movilidad, para garantizar los derechos en personas en movilidad.