La Educación es un derecho inherente a los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición; los gobiernos están obligados a actuar para garantizar, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, no obstante persisten problemas que obstaculizan o limitan el disfrute de este derecho a personas y poblaciones enteras.
La educación en su concepto más amplio constituye el proceso de trasmisión de la experiencia social de generación en generación y que a la vez pretende, formalmente, la transformación o perfeccionamiento de la persona como ser social, así como su inserción en la vida social y cultural en la que ésta se desarrolla.
El siglo XXI ha heredado de los siglos anteriores numerosos problemas globales que han venido influyendo en los ritmos de desarrollo de cada sociedad, las cuales han buscado soluciones acordes a sus sistemas políticos sociales que gobiernan en ellas. La educación es uno de los factores que ha sido tratado de manera significativa y se ha reformado más sistemáticamente, de ella resaltan los problemas educativos que influyen día a día en la calidad de la formación de las personas en particular y de la sociedad en general de cada país.
Latinoamérica no ha estado excluida de estos problemas y en ella se presentan diversas situaciones que afectan el desarrollo humano desde la educación, como son: obstáculos para el ingreso a la educación formal, el elevado índice de fracaso y abandono escolar, el bajo índice en los resultados de nuestro países en las pruebas internacionales de los laboratorios de la calidad de la educación, las continuas reformas educativas por parte de los políticos de turno que conlleva a la pérdida de la memoria histórica de los países, los sistemas educativos impuestos que no son pertinentes a los contextos, la desconfianza de la administración hacia los profesionales de la educación, la no individualización de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, el recelo y la desconfianza mutua entre familias y profesorado, el poco fomento de la creatividad y la curiosidad, se tiende a reprimirla y anularla y el insuficiente uso de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).
Particularmente, la educación universitaria venezolana heredó del siglo XX, una deuda social acumulada como consecuencia de los sistemas de selección y admisión, caracterizados por utilizar el índice académico de los bachilleres y las pruebas internas de las universidades como instrumentos y requisitos sine qua non para el ingreso a la educación superior (denominada así hasta el año 2004), mecanismos que demostraron ser de discriminación social que favoreció a estudiantes de mayores recursos económicos. Los bachilleres que ingresaban a la educación universitaria, según estudios y análisis oficiales de los años 80, provenían en su mayoría de sectores medios y altos de la sociedad, siendo incluso superior los provenientes del sector privado, es decir muy pocos bachilleres de bajos recursos lograron ingresar. Esto representó las políticas de los gobiernos que antecedieron a la revolución bolivariana, las cuales estaban dirigidas a disminuir la participación del pueblo en cuestiones públicas, operando de esta forma “la exclusión en la educación superior”.
A partir del proceso constituyente del año 1999 el Gobierno Bolivariano se propuso orientar bajo una concepción distinta las políticas sociales del Estado venezolano, dando inicio al impulso y desarrollo de políticas para reconocer y erradicar las necesidades sociales, más allá de lo material o de la ubicación del individuo frente a una realidad de pobreza, es decir, se dio inicio a la construcción del equilibrio social de acuerdo al plan de la nación, impulsando la participación protagónica desde la formación y transformación para el ejercicio de la ciudadanía.
En ese sentido, desde la asunción de la función estratégica de la educación superior, como elemento fundamental para la transformación social, la consolidación de la soberanía nacional y la construcción de una sociedad mejor, nace la municipalización de la oferta académica para ofrecer a la población nuevas modalidades de estudio, con currículos flexibles para materializar una educación universitaria como manifestación de democracia educacional participativa.
Se crea en el año 2003 el Plan Extraordinario Mariscal Antonio José de Sucre, denominado Misión Sucre con el propósito de “conformar y consolidar una red de todas aquellas instancias, instituciones y factores vinculados a la educación superior, que resuelva el problema del cupo universitario… Propiciar la transformación de todas las prácticas obstaculizadoras, los métodos de selección y admisión excluyentes… Promover la reflexión, discusión, concepción e implantación de nuevos modelos educativos universitarios, teniendo como base los imperativos de la democracia participativa y protagónica, el diálogo con los actores involucrados y asumiendo como referencia fundamental el proceso histórico, social, político y económico que vivimos”. (MES, 2004, p.18).
A casi 15 años de creada la Misión Sucre como política pública destinada a materializar de forma masiva, acelerada y progresiva la formación de profesionales, con calidad, pertinencia social, bajo nuevas modalidades, para el desarrollo integral de las personas y la transformación social, se evidencian debilidades en su funcionamiento y estructura que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos; en tanto el momento actual necesita de un perfeccionamiento continuo y holístico ya que los contextos en que se forman sus estudiantes cambian permanentemente al mismo paso en el que se construyen los procesos sociales y económicos del país; lo que exige de un profesional que pueda dar respuestas a esta realidad y por ende una Misión en correspondencia con el mismo.
