La primera mitad del siglo XX en Colombia está marcada por las reivindicaciones de lucha por la tierra entre los organizaciones campesinas y grupos indígenas en torno no sólo a su tenencia y propiedad, sino también al régimen de explotación laboral (terraje).
Desde la época colonial, las comunidades indígenas contaban con la propiedad de tierras colectivas, pero es con la Ley 89 de 1890 que los indígenas son categorizados como “menores de edad” frente al reconocimiento de dicha propiedad, lo que posiblita a su vez la disolución y parcelación de los Resguardos (tierras comunales). Al mismo tiempo, las Misiones Católicas establecen un acuerdo con el Estado nacional para encargarse de su “civilización” en tanto adoctrinamiento en la fé católica y la occidentalización de su cultura (Roberto Pineda:2012).
Entretanto, hacia 1940 en México los debates y acuerdos del Congreso Indigenista de Patzcuaro promueven en nuestro continente la creación de Institutos Etnológicos para investigar la situación indígena en los márgenes de cada Estado nacional y como consultor del Instituto Indigenista Latinoamericano promover su inclusión a la sociedad mayoritaria.
En este contexto, el Estado colombiano intenta llevar adelante lo que denominó como política indigenista, a través de la Oficina de Asuntos Indígenas, parte del Ministerio de Gobierno, que se enfrenta a encauzar el “problema indígena” como asunto de interés nacional en tanto agente del desarrollo moderno y mediador las relaciones entre colonos, indígenas y terratenientes.
A partir de una etnografía del archivo de esta Oficina, que se encuentra en el Archivo General de Colombia, me interesa señalar algunos puntos de análisis sobre cómo los pioneros de la antropología, y de otras ciencias sociales, se vinculan al Estado como saber experto que cuestiona, y a la vez, ayuda a construir la idea de lo indígena (o indio, según la postura política) como “problema nacional”, y que en el marco de la política indigenista, por la vía de la “aculturación pacífica” como forma de intervención gubernamental (Francois Correa: 2007) intenta vincular al indígena a la sociedad mayoritaria. De otra lado, la forma cómo opera la Oficina de Asuntos Indígenas plantea retos en la relación de poder entre el Estado central y los “territorios de frontera”, poblados por pueblos indígenas, en términos de cómo los grupos indígenas se van configurando como nuevos interlocutores ante un Estado antes difuso, y que más bien se comunicaba a través de otros sujetos sociales, principalmente a través de la función educativa delegada en la Iglesia Católica, y de legitimidad de sus representantes locales. Una de las grandes inquietudes en este momento es cómo vincular a esos territorios al desarrollo económico y social del país, aunque existiera (o precisamente por ello) un latente desconocimiento de la geografía y pobladores de aquellas zonas.
Considero que el abordaje etnográfico de este archivo ( que contiene documentos desde el inicio de la Oficina hacia fines de los años 50 hasta 1987, aunque en realidad, debido a los trámites y litigios por tierras que debió atender alcanzan como fecha extrema 1904) puede ser útil para acercarse a la comprensión del Estado como una idea heterogénea en sus prácticas y representaciones, inmerso en campos de disputa de poder por la transformación de condiciones de vida de los sujetos (Muzzopapa y Villalta: 2010) y que implica a otros sujetos sociales en la definición y dominio por cierto asunto que instala como problemático y digno de ser intervenido.
Finalmente, al poner de presente las huellas históricas que sustentan el discurso moderno y desarrollista de este período del siglo XX, es posible entrever algunos legados, discontinuidades y rupturas del relacionamiento de los Pueblos Indígenas, el Estado y la sociedad, que no se agotan con el reconocimiento de “nación pluriétnica y multicultural” de la actual Constitución y que continua las reivindicaciones políticas ante la discriminación, la exclusión económica e histórica y el irresuelto conflicto por la tierra en Colombia.