En los últimos años las ciudades latinoamericanas han vivido una reconfiguración y proliferación de las violencias que moldean su experiencia cotidiana. Los procesos de neoliberalización no sólo han supuesto, a través de la persistencia de la pobreza y la profundización de patrones de exclusión y desigualdad, la sedimentación y ampliación de la violencia estructural que ha caracterizado históricamente la región. En la actualidad, otras dos formas de violencia se extienden en los territorios urbanos: por una parte, aunque no sin contestación y resistencias, violencias simbólicas que legitiman las estructuras sociales de desigualdad y la reproducción de jerarquías y exclusiones; y, por otra parte, la difusión y crecimiento de violencias cotidianas, entre ellas distintas formas de violencia criminal.

Pese al desplazamiento neoliberal en las políticas estatales, que ha colocado uno de sus acentos en la seguridad civil (en detrimento de la seguridad social, para utilizar las categorías de Castel), desplegando distintas medidas y estrategias para “combatir” al crimen (se trata, principalmente, de medidas punitivas, con un incremento de la capacidad de coerción y ejercicio de la violencia estatal, así como sus capacidades de vigilancia y control sobre la población), estas respuestas han resultado insuficientes para menguar los sentimientos de inseguridad y la violencia criminal contemporánea. En este escenario, nos encontramos con una multiplicación de respuestas que desde el Mercado y/o lo social, y con distintas formas de relación con el estado, producen diferentes condiciones de protección.

Distintos analistas han destacado el crecimiento del mercado de sistemas de vigilancia y seguridad privada, y la producción de una espacialidad defensiva y excluyente, como la que expresan las gated communities, los muros, cercas, vidrios blindados, entre otros. Si bien estrategias de retracción y evitamiento pueden encontrarse en la arquitectura y la espacialidad popular, estos paisajes urbanos, con sus componentes mercantilizados, son particularmente característicos de los espacios de las clases medias y altas. Entre la ineficiencia de las instituciones de seguridad pública y la escasez de recursos para acceder al mercado de seguridad privada, ¿qué hacen los sectores populares frente a la violencia urbana que los vulnera de muy diversas maneras? Lo hacen de formas muy diversas, tanto demandando al Estado el cumplimiento de sus funciones, como también a través de distintas respuestas sociales: prácticas, mecanismos físicos y simbólicos, redes sociales, acciones colectivas y, entre otros medios, también, a través de la violencia. En esta ponencia, me aproximo a esta última forma de respuesta.

Respecto a la forma en que a través de la violencia los sectores populares latinoamericanos lidian y quedan protegidos de agresiones criminales, en la literatura dominan dos aproximaciones. Por una parte, se ha analizado cómo los sectores populares quedan protegidos al vincularse o quedar vinculados a grupos violentos (bandas y pandillas), que extienden ciertas condiciones de “seguridad” al vecindario en el que están arraigados. Por otra parte, se ha analizado también cómo, en el contexto de exacerbación de violencias criminales, su perpetuación en impunidad y la lacerante corrupción oficial, se han incrementado los casos de “linchamiento”. En mi investigación etnográfica en la Merced, un barrio popular de la Ciudad de México, encontré otra forma en la que se responde con violencia a distintas agresiones criminales o a su amenaza, que es diferente a las dos aproximaciones mencionadas.

En esta ponencia me interesa analizar el uso de violencia activa o directa (golpes, trancazos y amenazas) por habitantes de la Merced, con la que por momentos se hace frente a la criminalidad. El argumento que sostengo es que la principal característica de esta violencia, es que su movilización, ya sea de forma física (puesta en acto) o simbólica (como amenaza), (re)establece micro-ordenes de las relaciones e interacciones sociales en el lugar. Cuando las expresiones de violencia logran trascender el instante de su movilización, garantizando un poder y produciendo de manera frágil ciertas condiciones sociales de protección frente a la inseguridad se crea, lo que he llamado, un “resguardo violento”. Sin embargo, dicho resguardo es difuso, se conforma en tramas de relaciones fragmentadas y limitadas; depende de cualidades individuales, como de vínculos y redes socio-espaciales diferentes y desiguales; y su eficacia concreta se encuentra sujeta a condiciones altamente coyunturales.

Así mismo, la exploración del “resguardo violento” en la que esta exposición se adentra tiene objetivos más amplios que presentar una más de las respuestas sociales a la criminalidad, pues permite realizar algunos planteamientos que se engarzan con discusiones teóricas de más alcance. En primer lugar, me interesa poner en cuestión cierta representación de los sectores populares, presente en discursos públicos, como en algunos trabajos académicos. Se trata de representaciones que subsumen a la violencia defensiva popular dentro de una imagen espectral del linchamiento; la violencia popular aparece como una respuesta mecánica y visceral al hastío de la violencia criminal, como una expresión homogénea de furia expiatoria irracional. Concordando con la forma de E.P. Thompson de acercarse a la acción popular, en esta ponencia muestro cómo la violencia defensiva se configura histórica y culturalmente; junto a la ira y las emociones encontramos también la moral y la razón. Es decir, se trata de una discusión que repara en las formas de conceptualizar a los sujetos sociales y su agencia.

Por otra parte, para comprender este uso de violencia, es necesario levantar la vista. El recurso de la violencia no se moviliza de forma extraordinaria frente a la criminalidad. En las trayectorias biográficas y las experiencias cotidianas la violencia aparece como un elemento en los repertorios de acción con los que se resuelven problemas. Pero aún más, los habitantes de la Merced se suelen encontrar en un espacio social signado por la precariedad y la exclusión, en un ámbito de marginalidad urbana, pero también, donde se producen los márgenes del Estado (siguiendo los planteamientos de las antropólogas Veena Das y Deborah Poole). En esta espacialidad liminal, se aprende de primera mano la función de la violencia en la fundación y conservación del “derecho” (Benjamin); y en estas disputas por la constitución del orden, está en juego el poder, pero también las condiciones de reproducción social.