Nuestro objetivo es analizar el proceso de inserción y consolidación de la minería neoliberal en Chile y Colombia, el primero con desarrollo minero de larga data y el segundo de reciente incorporación al sector, considerando como estrategia teórica el rol del Estado neoliberal en la restructuración de los territorios nacionales en espacios destinados al capital privado, reinstaurando un patrón exportador primario extractivo como vía al crecimiento económico. El acercamiento de las autoras a movimientos sociales en resistencia a esta actividad ha permitido generar la comprensión práctica del objeto en disputa.

Desde el último tercio del siglo XX se ha agudizado la disputa geopolítica por el control de los bienes naturales. Las sucesivas crisis de sobreacumulación del capital son la expresión de la crisis estructural del capitalismo, por lo que requiere de nuevas estrategias de expansión, acumulación y validación, reorganizando la dinámica espacial, estatal y de subalternización en los países de América Latina y el Caribe, donde la gran minería transnacional se inserta dentro del conjunto de transformaciones de la geopolítica neoliberal. Los bienes naturales de estos países son considerados estratégicos para la seguridad nacional y el mantenimiento de la posición hegemónica dentro del sistema mundo de países como EUA y China, mediante la transferencia de flujos - minerales y fuerza de trabajo - desde las economías de enclave en los territorios de la región.

A partir de esto se produce un aumento en la extracción de commodities, especialmente mineros, para sostener los nuevos patrones de consumo de clases medias y altas, así como el aumento de la población desde los años ochenta. El rápido crecimiento de China en los años noventa, y de economías emergentes como India y Corea del Sur demandó grandes cantidades de metales para infraestructura, manufactura y joyería, propiciando el auge de la industria minera en el periodo 2003-2011. Asimismo, la crisis económica y financiera global de los últimos 30 años reorientó a los grandes capitales hacia territorios rentables y con bajos costos de producción, donde lugares que antes no eran productivos pasan a ser estratégicos a ojos del capital internacional.

En este contexto, países como Chile, de minería consolidada, y Colombia, de reciente inserción, experimentan un aceleramiento en la explotación de sus minerales, aumento en las inversiones y exploraciones de nuevos yacimientos. En 2011, ambos gobiernos firman acuerdos de cooperación y asesoría en asuntos mineros y energéticos, con el objetivo de que la minería colombiana alcance los estándares chilenos.

Las leyes y políticas de desarrollo aplicadas han dado coherencia institucional a la desregulación política, social y económica del neoliberalismo, concebidas acorde al proceso de liberalización de estos países a disposición de capitales privados, con la participación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como principales promotores de la racionalidad de mercado en las instituciones de los Estados nacionales. En este sentido, la minería neoliberal inaugura un nuevo patrón de exportaciones hacia el mercado externo donde juega un rol fundamental el Estado capitalista como instrumento de dominación de clase en la reproducción del capital.

Para el caso de Chile, la profundización de las políticas neoliberales en relación al extractivismo se ha materializado en el desarrollo de una industria minera a gran escala, basada fundamentalmente en la extracción de minerales metálicos como cobre, oro, plata y hierro. Es una actividad altamente mecanizada, profesionalizada y tecnologizada, que representa para la economía nacional un promedio de 9,6% del PIB, del cual 9,2% corresponde al cobre. En Colombia, el sector minero se especializa en la extracción de carbón, sin embargo se ha fortalecido desde el año 2003 el ingreso de capitales extranjeros para la extracción de oro y otros minerales a gran escala, representando el sector de la gran minería un 2,1% del PIB nacional al 2014. En ambos países, la minería posee un bajo nivel de procesamiento y son intensivas en capitales privados. La gran minería se define en Chile por una producción anual superior a 3 millones de toneladas y en Colombia, superior a 300 mil toneladas anuales (minería aurífera).

La Constitución chilena de 1980 y las leyes creadas bajo la dictadura cívico-militar (1973-1989) como la Ley Constitucional Minera y el Estatuto de Inversión Extranjera, buscaron modernizar la minería y explotar aceleradamente los minerales, otorgando seguridad jurídica a los inversores extranjeros. La ley minera (1983) es considerada como pionera por favorecer ampliamente la participación del sector privado. En Colombia, si bien desde 1997 se concibieron Planes de Desarrollo Minero, es en 2001 con la implementación del Código de minas que se declara como actividad prioritaria a nivel nacional a pesar de la oposición de mineros artesanales que advirtieron que dichas reformas agudizarían conflictos por la tenencia de la tierra, desplazamientos y asesinatos. En ambos casos, la normativa minera prioriza el capital extranjero privado, y decreta que los minerales del suelo y subsuelo son de propiedad exclusiva del Estado, que se consolida como órgano facilitador y promotor de la actividad minera.

Las “ventajas comparativas” de estos países se explican por el potencial geológico, un marco regulatorio favorable a las inversiones, sumado a la disponibilidad de energía y mano de obra barata, y para el caso chileno, un satisfactorio nivel de gobernabilidad y orden público, mantenido en forma de democracia formal. En Colombia, tras la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP se da paso a una paz corporativa que pretende fortalecer el ingreso de multinacionales al país.

El desarrollo minero en ambos países se enmarca dentro de una libertad económica asegurada por la coerción político-militar, con el uso de armas para limitar y eliminar la agitación social y política. En Colombia, sus gobiernos han permitido la incursión minera a través de los regímenes de violencia y terror que han transversalizado la historia del país con la consolidación de ejércitos paraestatales. El fomento a la inversión extranjera que margina la minería artesanal y pública, conlleva a la criminalización y persecución de los pequeños mineros y a la disolución de empresas estatales como Mineralco (2004) y Carbocol (2003). En Chile, si bien el régimen autoritario cimentó las bases para el desarrollo minero, los gobiernos democráticos posteriores han consolidado dicha actividad como eje de la economía nacional, donde el Estado mantiene el control de las divisas a través de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), empresa que otorga el grueso de ingresos fiscales.

Tanto en Chile como en Colombia, la minería ha configurado una espacialidad específica al orden extractivista. Durante los gobiernos de Uribe y Santos aumenta la concesión de títulos mineros, pasando de 1,13 millones a 8,53 millones de hectáreas entre el 2002-2010, además se declaran 17,6 millones de hectáreas como reservas estratégicas mineras en 2012, y se define la “locomotora minero energética” como promotora de desarrollo generando una serie de encadenamientos productivos con otros sectores como infraestructura y servicios. En Chile, la minería ha producido territorios marcados por una lógica monocultural minera. Actualmente las empresas se han concentrado en la exploración, aumentando el número de concesiones de 21.944 en el año 2000, equivalente a un total de 7.422.900 hectáreas, a 48.564 concesiones o 14.022.000 hectáreas al 2016 (18% del territorio nacional).

El fortalecimiento de fuerzas políticas en resistencia se ha transformado en un obstáculo para el avance del capital minero, agudizando disputas territoriales con la población local que rechaza la imposición de la minería como proyecto totalizador y eje de desarrollo en sus territorios, pues involucra la autonomía y soberanía de las comunidades, acabando con su organización y medios de reproducción de vida. En este sentido, las disputas territoriales son tensiones políticas por asegurar la reproducción y expansión del capital minero y la estabilidad del Estado rentista, así como un esfuerzo por evitar la creciente precarización y mercantilización de la vida. En Chile, estalla una oleada de conflictividad entre el 2010-2013, tiempo en que se retrasaron inversiones mineras y eléctricas. En Colombia, se ha logrado frenar el ingreso de proyectos mineros a determinados territorios a través de consultas populares y acuerdos municipales.

Las formas antagonistas se manifiestan de forma pública y como resistencias cotidianas, donde el Estado -como forma política del capital- debe intervenir para frenarlas y disciplinarlas. Mientras Chile es considerado como un país con alto nivel de criminalización y medio-bajo de violencia, Colombia presenta un alto grado de violencia y criminalización, con 24 líderes ambientalistas asesinados el 2017.

La minería se manifiesta como un proyecto territorial en la medida que requiere de la dominación del espacio - territorio, cuerpos y capacidad política- que comprenden la aplicación de un biopoder y la construcción de sujetos sometidos a una lógica estatal donde quién domina el espacio tiene la capacidad de decidir su vocación.