El periodo de gobierno del presidente Horacio Cartes es la época de menor inversión en educación superior de este nuevo siglo. Coincidentemente con su llegada al poder en Paraguay se aprueba la Ley 4995 de Educación Superior que entra en vigencia a partir de agosto del 2013, en ella se establece y reconoce a la educación superior como un bien público y derecho humano fundamental para los que deseen y estén en condiciones académicas de acceder a ella. Dicha legislación fue apuntada, además, como factor de desarrollo del País en democracia y equidad.

Las sucesivas conferencias regionales y mundiales de Educación Superior llevadas a cabo en la Habana (Cuba) en 1996, Cartagena de Indias (Colombia) 2008, París (Francia) 1998 y 2009, fueron refrendadas por la tercera Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES 2018). En sus respectivas declaraciones se postula que la educación superior es un “bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los Estados”, evento del cual participaron delegaciones oficiales del gobierno paraguayo, miembros del Consejo Nacional de Educación Superior y varios académicos del País.

Por otro lado, la Constitución de la República del Paraguay establece que el Estado fomentará la educación superior o universitaria. Entonces, teniendo en cuenta estas normativas y los pronunciamientos que, según lo plantea Eduardo Rinesi, la educación superior como “bien público” es prácticamente una consigna en la comunidad académica, pero que no vale la pena emocionarse porque en la mayoría de los países no pasa del estadio de la declaración, la pregunta que cabe formularse es ¿cómo se plasma lo declarativo en la política de asignación de presupuesto a las universidades nacionales por parte del Ejecutivo y el Parlamento?

En los últimos tiempos las universidades luchan no solamente por mejorar su presupuesto sino también por mantener lo que ya habían logrado. Mediante una investigación de enfoque cuantitativo, con diseño observacional, retrospectivo, longitudinal, y descriptivo, a partir de datos secundarios obtenidos del Ministerio de Hacienda, correspondientes al periodo de gobierno del presidente Horacio Cartes (2013 al 2018) se constató que los presupuestos destinados a las universidades nacionales aumentaron apenas un 16%, teniendo en cuenta números absolutos. Pero al considerar el porcentaje de inflación acumulado publicado por el Banco Central del Paraguay, que por lo menos debería ir compensando en cada ejercicio presupuestal, se observa un acumulado del 19,40%, lo que permite afirmar que, en términos reales, la inversión para el financiamiento de la educación a través de las universidades decreció en este periodo de gobierno. En el año 2016 se registró una disminución del 1,01% en el presupuesto aprobado para ese ejercicio.

Otro aspecto relevante que se contrapone con lo declarativo, y que ratifica el Estado paraguayo en sus legislaciones y pronunciamientos, es que la Educación Superior en el Paraguay está arancelada y hasta ahora ningún presidente de la era democrática, ni el Parlamento, se animó a declarar la gratuidad de la educación superior.

La responsabilidad de esta política reduccionista y contradictoria no es solamente del Poder Ejecutivo sino también del mismo Parlamento que aprueba una ley, la N° 4995, y en uno de sus articulados agrega a lo mencionado más arriba que el financiamiento de la educación superior no debe ser inferior al 7% de lo destinado al presupuesto de la Administración Central. A modo de ejemplo, en el presupuesto 2018 la asignación a las universidades representa apenas el 4,45%.

Se promulgan leyes, se firman declaraciones pero en realidad al momento de asignar recursos para el financiamiento de las universidades nacionales, quienes toman las determinaciones presupuestarias olvidan las leyes aprobadas y aplican una política reduccionista que no se compadece con la necesidad imperiosa de las instituciones de educación superior que, por otro lado, son exigidas por el propio Estado a través de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación a cumplir ciertos requisitos de imposible aplicación por lo exiguo de los recursos que disponen. Esto genera un ambiente propicio para las iniciativas privadas que lucran con este bien tan necesario al alcance de todos y todas para el desarrollo de los países cual es la educación superior.

Palabras claves: educación superior, financiamiento, bien público, universidad, derecho humano