En muchas universidades de América Latina se han impulsado en los últimos diez años políticas de inclusión educativa que definen las directrices para promover la incorporación a las aulas universitarias a jóvenes que por diferentes circunstancias han sido excluidos de la educación superior. Algunas de estas políticas se orientan a los niños y jóvenes con discapacidad, en otras se suman además a pobladores de pueblos indígenas.
Si bien en sus orígenes, el concepto de inclusión educativa hacía referencia a los niños y jóvenes con discapacidad (Fuchs y Fuchs, 1994), éste ha evolucionado hacia la inclusión de todas las personas en la educación, bajo una perspectiva de los derechos humanos y el derecho al acceso y participación a una educación de calidad, lo que implica la accesibilidad a prácticas, procesos y contextos educativos para responder a las diversidades, ya sea por capacidades, etnicidad, género, entre otras.
Este trabajo presenta los avances y desafíos en la construcción e implementación de la política de inclusión en la Universidad de Guadalajara, segunda universidad pública de México, que cuenta con más de 270 mil estudiantes. Este proceso ha involucrado desde demandas planteadas por estudiantes y la sociedad civil, así como la participación de la comunidad universitaria en acciones cada vez más focalizadas a atender las necesidades de una comunidad estudiantil diversa.
En un contexto social de marcada desigualdad, como es la sociedad mexicana, donde la condición de pobreza es determinante, muchos niños, niñas y jóvenes son orillados a abandonar los estudios y se condiciona su posibilidad de ingresar a las instituciones escolares. Situación que también se presenta entre la población indígena en México, donde 21.5% de la población se reconocía en 2015 como de origen indígena. El 6.5% de la población mexicana es hablante de lengua indígena, cuyo nivel de escolaridad promedio es de 5.7 años, lo que significa 3.4 años menos respecto al promedio nacional (9.1 años). En analfabetismo, la población de 15 años y más de HLI que no sabe leer y escribir es de 23% y en indígenas es de 17.8%, muy por encima del 5.5% del promedio nacional. En este punto, existe diferencia significativa entre hombres y mujeres HLI, pues en el caso de los primeros hay 16.4% de analfabetismo, frente al 29.2% de las segundas.
En lo que se refiere a la población con discapacidad, el INEGI registra 6% del total de la población, es decir 7.1 millones de mexicanos que viven con alguna discapacidad motora, sensorial, mental y emocional, cuyo nivel de escolaridad promedio de acuerdo al mismo organismo es de 5.3 años; así mismo los niños y jóvenes de 3 a 29 años de edad con discapacidad que asisten a la escuela es del 46.5%, 15 puntos porcentuales menos que los niños y jóvenes sin discapacidad, esto es 60.6% del mismo rango de edad sin discapacidad asiste a la escuela.
En lo que se refiere a la equidad de género, las jóvenes en educación media superior y superior se enfrentan a barreras sociales y culturales impuestas como los roles de género que obligan a muchas mujeres a dedicarse al cuidado del hogar, los hijos, los padres y los familiares con discapacidad; en el año 2015 el promedio de escolaridad de las mujeres de 15 años y más era de 17.9 años frente a 19.3 años de los hombres en el mismo rango de edad (INEGI, 2015).
En este contexto de desigualdad, la Universidad de Guadalajara es responsable de la formación profesional y técnica de la mayoría de los jóvenes del estado de Jalisco. La Universidad, en medio de tensiones, ha impulsado una política institucional de inclusión que se fundamenta en el reconocimiento del derecho a la educación y profesa la igualdad de trato y oportunidades sin distinción de “origen, edad, discapacidad, condición social, económica o cultural, lengua, religión, sexo, identidad de género, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra”(UdG, 2018). Dicha política establece los principios y directrices para las acciones y esfuerzos que se realizan en toda la Red Universitaria en materia de derechos humanos e inclusión, cuya implementación implica retos en todos los ámbitos institucionales. Este trabajo da cuenta de los desafíos en la construcción e implementación de una política de inclusión educativa.
