El enfoque conceptual de la investigación se plantea desde el campo de la salud colectiva como área de producción de conocimiento que tiene como objeto las prácticas y los saberes en salud, referidas al colectivo en tanto campo estructurado de relaciones sociales donde la enfermedad adquiere significación. El problema de investigación se construye teniendo en cuenta la recurrencia de las dificultades para garantizar el suministro de medicamentos específicos para VIH/sida. Desde 1990 la legislación vigente en Argentina define los compromisos que asume el Estado en relación a las personas viviendo con VIH/Sida (PVVS). Sin embargo ante el avance de políticas de corte neoliberal el cumplimiento de esas obligaciones se encuentra amenazado. El sostenimiento de las políticas depende de estructuras del Estado que se presentan como permeables a numerosos conflictos y que en instancias de crisis terminan vulnerando el derecho a la salud. Los protagonistas de estas situaciones, sus roles y consecuencias también parecen repetirse. En este sentido el problema en cuestión focaliza en el momento más agudo de la crisis que atravesó Argentina a partir de diciembre de 2001 y la permanencia de una política de salud, teniendo en cuenta que con mayor o menor grado de intensidad la discontinuidad o falta de medicamentos esenciales para PVVS es cíclica, en algunos momentos como consecuencia de políticas de ajuste y en otros como resultado de dificultades administrativas que a pesar del tiempo de desarrollo del programa no terminan de aceitarse. En Argentina, a fines de 2001, se tomó la decisión de declarar la Emergencia Pública y Sanitaria por Decreto (486/2002).
El objetivo de la presentación es reconstruir el proceso de implementación de políticas públicas desde el nivel central con el fin de garantizar el suministro de ARV a las PVVS del país durante la crisis del año 2001.
Se realiza un abordaje cualitativo, se indagan normativas oficiales y se rastrearon expedientes de compra de medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación. Además se realizaron entrevistas semi estructuradas a informantes clave de la gestión del Ministerio de Salud. Se accedió a documentos de la administración pública que colocan en evidencia la gestión de medicamentos del Programa de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. Los expedientes del Ministerio de Salud de la Nación fueron escaneados y digitalizados en imágenes. Los documentos forman parte de una muestra no probabilística, es un muestreo teórico intencional, son considerados “huellas” de una cultura, son documentos políticos-administrativos y contienen material muy heterogéneo como: leyes, resoluciones, cartas, telegramas, correos electrónicos, desgrabaciones de líneas telefónicas del propio Ministerio de Salud, actas de reuniones, recortes de periódicos, también constan intervenciones de distintas oficinas del Ministerio de Salud, ofertas de proveedores del Estado y respuestas del mismo a cada uno de estos actos administrativos. Se analiza de modo exhaustivo cada una de las partes de los documento teniendo en cuenta el contexto en el que se generó, lugar específico, fecha de producción del texto, términos que se utilizaron y quién produjo el texto. Para la sistematización y análisis del material se definieron dimensiones que luego fueron operacionalizadas en categorías para conformar una matríz de datos e interpretar la información hallada tanto en expedientes y periódicos como en las entrevistas semiestructuradas. Esa información fue puesta en diálogo con la bibliografía de referencia según dimensiones y categorías. Se presenta un recorte de la investigación, se analiza una de las dimensiones: estrategias implementadas por el Estado para garantizar la adquisición de ARV y tres de sus categorías: modalidad de adquisición de ARV, fundamentos para adquirir ARV durante la crisis y fundamentos para definir la urgencia en el marco de la declaración de la Emergencia Sanitaria.
El análisis global de los expedientes permite observar que en el año 2002 se realizaron dos adquisiciones de medicamentos mediante: contratación directa y compra directa. Luego en el año 2003 se realizaron dos licitaciones públicas con aproximadamente un mes de diferencia. Todos estos procesos son publicados en el Boletín Oficial de la Nación. A partir del decreto de Emergencia Sanitaria, el Programa de VIH/sida se incluye dentro de las prioridades impostergables del Estado así lo sostiene la directora del Programa del momento: “el Programa es un Programa protegido”. Los cuatro expedientes de Nación se inician con una nota de la entonces Jefa del Programa Nacional justificando la compra de los medicamentos para las PVVS en base a la información epidemiológica y a la declarada Emergencia Sanitaria. El Poder Ejecutivo ordena que se estimen los recursos y las fuentes de financiamiento a partir del tesoro nacional sin embargo se pone de manifiesto que se requiere redireccionar fondos de organismos internacionales asignados a otras actividades programática para cubrir la demanda de medicamentos destinados a las PVVS. El responsable del Ministerio de Salud reconoce las dificultades que tenía para negociar la utilización de fondos del Banco Mundial con el fin de adquirir insumos: “llevó un año lograrlo”. El contexto de crisis generó, entre otras cosas, que no existan precios de referencias para la adquisición de medicamentos, sumado a ello la mayoría de los ARV eran de origen norteamericano o europeo y estaban protegidos por el derecho de propiedad intelectual. Asesores de organismos como ONUSIDA colaboran en la formulación de proyectos que posibilitan que el país tenga financiamiento para campañas de promoción y prevención en VIH/sida: “pero se restringe su uso, no es para la compra de medicamentos”. Ante la urgencia de la demanda la propia estructura del Ministerio muestra resistencia a la adquisición mediante compra directa por considerar que falta justificación para utilizar algunos mecanismos que agilicen el proceso. En los expedientes se halla un informe de la Dirección Técnica Administrativa donde se cuestiona el requisito de urgencia y considera que: “debe ir plenamente acreditado mediante estudios técnicos, objetivos, previos y serios que la califiquen como cierta”. También se encuentran las argumentos para hablar de urgencia, basadas en las consecuencias que trae aparejada la falta de medicamentos en VIH/sida: “el no cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de drogas necesarias para el tratamiento producirá un perjuicio irreversible en la salud de los pacientes y su interrupción provocará la aparición de resistencia viral a las drogas utilizadas. Los pacientes beneficiarios se encuentran en estado de absoluta imposibilidad de acceso por otro medio a la cobertura con medicamentos, tratándose en todos los casos de personas en estado de pobreza extrema y aún de marginalidad”. También se plantea que:”la declaración de tal emergencia subyace en el reconocimiento que las rigideces normativas no pueden afectar la continuidad de tratamiento de pacientes de programas protegidos por el Ministerio”. Tanto en los expedientes como en la voz de los entrevistados se vislumbra tensiones entre las estructuras del Estado Nacional, ya que las normas ni las decisiones actúan despojadas de las organizaciones y los agentes que ponen en marcha los procesos. El esfuerzo por colocar una problemática en agenda y garantizar el derecho a la salud de un grupo de ciudadanos, muchas veces representados por movimientos de la sociedad civil parece contraponerse a la necesidad de otros tantos ciudadanos que no logran hacer oír su voz. Es aquí donde el rol de los movimientos de la sociedad civil parece tomar protagonismo y relevancia en la construcción de agenda para la definición e implementación de políticas públicas. Las sociedades son dinámicas y las respuestas a las distintas problemáticas se modifican según los contextos. Sin embargo en circunstancias donde las crisis son cíclicas resulta interesante indagar en las respuestas que se dieron en determinados momentos y contar con herramientas para analizar nuevas demandas que logran cobrar relevancia en las distintas esferas del Estado, actualmente se podría pensar en el uso medicinal del aceite de cannabis o la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.