El derecho ocupa un rol determinante en las sociedades actuales y especialmente en las gestiones de los gobiernos democráticos de toda la región caribeña y latinoamericana. En concreto, los Estados de Derecho y sus gobiernos estructuran políticas públicas basadas en derecho que se sustentan en las normas fundamentales de esos sistemas políticos pero que se concretan como resultado de procesos sociales complejos, con la intervención de múltiples actores.

En ese escenario, la sociedad, sus grupos más activos, militantes, mujeres, actores políticos, ONG y activistas, son actores usualmente invisibilizados de la realidad legal y política.

Las sociedades construyen sus derechos en el marco de la acción política, social y cultural ascendente. Los estudios críticos del derecho deberían entender la dinámica entre justicia y sociedad, analizando la clave política que construye un puente entre ambas.

La Justicia es un valor usualmente reclamado por los actores principales en el marco de esa construcción política y ética. Su rol en los procesos de transición democrática, construcción de nuevos procesos políticos, sanción de constituciones, procesos de paz, lucha contra el narcotráfico y en la profundización de una agenda democrática inclusiva, es vital.

Mientras la Justicia es un valor crítico reclamado por movimientos campesinos, de derechos humanos, contra la violencia institucional, por la paz frente a procesos armados, para la búsqueda de la equidad social y otros valores democráticos, la justicia también se construye en otras esferas (por ejemplo, en los medios masivos de comunicación) como una institución de la democracia. En contraste, el grupo de trabajo procurará cuestionar los usos neutrales de la justicia conocida como Poder Judicial y la función que este poder efectivamente ejerce en nuestras sociedades.

El lenguaje del derecho suele ser un obstáculo para la introducción de diversos actores sociales en los sistemas legales, en sus prácticas e instituciones. El lenguaje del derecho dificulta proteger el derecho, construir el derecho y ejercer los derechos frente al Estado, las burocracias y los poderes judiciales.

Mientras la política y la acción directa alimentan movimientos sociales y construyen transversalmente grupos políticos activos en defensa de sus derechos, la agenda legal resulta difícil de estructurar, especialmente para ciertos grupos vulnerables.

La política suele ser el lenguaje natural para los marginados y vulnerados. El lenguaje  del derecho suele ser parte de los obstáculos para entrar en un diálogo asimétrico con los actores estatales.

Ocurre que incluso aquellos actores con cierta capacidad para dialogar con el lenguaje legal, con todo, deben superar ciertas vallas internas de la comunidad legal.  Así, pobres, mujeres, minorías sexuales, religiosas, entre otras, reciben asesorías y recursos legales asimétricos que hacen que incluso cuando pueden articular defensas y construcciones de estrategias dentro del derecho, reciban respuestas parciales hacia sus reclamos.

Estas desventajas e injusticias sociales, se observan especialmente en el propio Poder Judicial, pero se reproducen con violencia institucional en tres especiales áreas que el grupo analizará con especial profundidad:

1. El sistema penal, sus operadores y discursos de legitimación.

2. La criminalización de la protesta; y

3. La violencia institucional de las fuerzas de seguridad.

En contextos de desigualdad económica, exclusión y discursos represivos sobre los conflictos sociales como los que abundan en toda la región latinoamericana y caribeña es que nuestro grupo se propone un análisis crítico del derecho penal y de sus prácticas.

En ese escenario, la realización de investigaciones desde las ciencias sociales que construyan triangulaciones metodológicas y estudios comparativos sobre las prácticas jurídicas de distintos países se presenta como una tarea necesaria y urgente.  Estudios multidisciplinarios, que produzcan investigaciones cualitativas y cuantitativas,  investigaciones sociales y culturales, y no meramente las de tipo dogmático características del campo jurídico, son urgentes en un contexto regional en el que se apela al uso supuestamente legítimo de la violencia estatal para disciplinar nuestras sociedades, en un contexto en el cual el aumento de la represión por parte de las fuerzas del orden y el endurecimiento de los sistemas penales se ha convertido en un fenómeno global por lo menos en los últimos cuarenta años.  Este fenómeno se ha visto legitimado en el campo de la sociología y en el de las ciencias jurídicas. 

En el contexto de las últimas décadas, con la sanción de nuevas constituciones en la región, es un momento propicio justamente para evaluar críticamente sus resultados, observar sus transformaciones y analizar sus límites. Además, también hay un contexto de graves cambios en el uso de la institucionalidad contra los principios democráticos. El grupo analizará el modo en que el derecho despliega un rol de justificación de prácticas legales que van en contra de la legitimidad democrática. 

En este marco, el grupo abordará en forma crítica el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el siglo XXI. Sin duda, su aporte a la realidad latinoamericana ha sido clave y fundamental, sin embargo, es innegable que en la actualidad está debilitándose, y por ello resulta necesario repensar el sistema interamericano para fortalecer su práctica y actualizar sus aportes en la defensa de los derechos humanos en la región.