Es importante señalar qué entendemos por soberanías tecnológicas y digitales: nos referimos a “la necesidad de garantizar desde el Estado el acceso a las tecnologías; pero también a la urgencia de generar una soberanía de contenidos, de plataformas y de hardwares. Esta postura implica corrernos de la mirada del liberalismo económico que plantea la autorregulación del mercado, para comprender que la equidad en los accesos sólo puede lograrse si el Estado interviene con leyes, pero también con políticas públicas” (González Frígoli y Racioppe; 2015: 47).

Alex Haché (2014: 10) retoma la definición de la organización Vía Campesina sobre soberanía alimentaria: “la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus Países o Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros”[1] y reemplaza los términos vinculados a la agricultura con términos tecnológicos para dar cuenta de que así como nos organizamos en pos de la soberanía en la producción y consumo de los alimentos, debemos organizarnos por la tecnología. Haché se refiere a la sociedad civil organizándose para gestionar las tecnologías, desde una línea que se asienta en lo autogestivo. Nuestra postura como grupo de trabajo es que las soberanías tecnológicas y digitales deben ser impulsadas desde los Estados.

Tanto los estudios de economía clásica como los que se vinculan con la economía política de la comunicación y la cultura han problematizado el concepto de concentración de los mercados desde diversas perspectivas. En  ese sentido, uno de los problemas que generan los procesos de concentración es la  tendencia de los mercados a configurar regímenes  de  oligopolio  o monopolio,  donde unas pocas empresas de gran  dimensión  ocupan  la  totalidad del  mercado. En un proceso creciente de concentración, cada vez  menos empresas controlan la mayor parte del volumen total de un  mercado. Los procesos de concentración van acompañados de la centralización económica, concepto que explica cómo unos pocos capitalistas acrecientan el control sobre la propiedad de los medios de producción en una sociedad determinada (Labate, et al.; 2013)

En el  sector cultural es posible identificar tres tipos  de concentración: uno de tipo horizontal, otro integral, y finalmente uno diagonal[2] (Ibíd.). El horizontal se reconoce cuando una firma crece con el objetivo de producir una variedad de productos finales dentro de una misma rama. Se realiza con el fin de acrecentar la cuota de mercado, eliminar capacidades ociosas  de  la empresa y permitir economías de escala. El integral o geográfico tiene lugar cuando la fusión o adquisición de una empresa se produce hacia  adelante o atrás en la cadena  de valor y suministro. En este caso, las empresas se expanden  con el objeto de abarcar las distintas  fases de la producción, desde las materias primas al  producto  acabado para obtener reducción de costos y mejor aprovisionamiento. Esta forma de concentración  permite disminuir los costos de intermediación. El diagonal, en tanto, se vincula con la búsqueda de la diversificación  fuera de la rama de  origen, con  el objetivo de reducir y compensar riesgos a través de  la creación de sinergia.

En el marco de la adopción y el despliegue de las  tecnologías de la comunicación, hoy asistimos a lo que Katz (2015) denomina ecosistema digital: un nuevo contexto industrial de impacto económico y social resultante de la adopción masiva de tecnologías. 

La digitalización de contenidos y plataformas de transporte, junto con la extensa difusión de internet de banda ancha, ocasionaron un cambio fundamental en la cadena de valor de las Industrias Culturales. Estas transformaciones han afectado tanto la organización industrial como los modos de producción (Katz, 2015). En relación con este punto, este grupo de trabajo se propone  dar cuenta de  los nuevos estadios productivos emergentes y de sus  implicancias.

En este proyecto se parte de la idea de que la concentración puede afectar, directa e indirectamente, a la diversidad en el acceso a los bienes culturales y a las características de sus contenidos.  La disputa por cómo compiten y se relacionan económicamente los distintos actores es también una disputa por cómo se narran las convergencias y los conflictos (Lazzaro, 2010).

La diversidad es una categoría utilizada tanto en el ámbito del derecho a la comunicación como en el de la economía de la información. Este concepto permite dar cuenta de la representación en los productos culturales de ideas, valores y opiniones de distintos grupos y sectores de una sociedad, así como también de la identificación de los actores que se constituyen en productores o reproductores de esas voces y esos contenidos.

El concepto se estabilizó a nivel internacional en 2005, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO aprobó la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, durante su trigésimo tercera Conferencia General, con el objetivo de promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local, nacional e internacional (art. 1 inciso e).

Este instrumento, que fue ratificado internamente por todos los países que conforman la UNESCO -excepto Estados Unidos e Israel- se constituye en el “único tratado internacional que propone una salvaguarda de las expresiones culturales frente a la total liberalización del intercambio de bienes culturales” (Loreti y Lozano, 2014).

Asimismo, en cuanto al rol del Estado y el fenómeno de la diversidad, esta Convención puso en agenda la necesidad de la implementación de políticas públicas tendientes a su garantía (Fuertes, 2014), hecho que ocurrió luego del transcurso de largos años en los cuales se ha verificado la desigualdad en el acceso a bienes culturales, tanto a nivel internacional como hacia el interior de cada país. En un contexto de economía de mercado, diversas perspectivas económicas, sociales y culturales le otorgan al Estado un rol preponderante en la garantía de la diversidad (Fuertes, 2014).

La observación de las acciones estatales en torno al fomento del sector audiovisual permite dar cuenta de las posibilidades de expansión de este sector productivo y de su interrelación con otros mercados. Así, adquiere relevancia el estudio de distintos elementos propios de las políticas culturales, como el diseño institucional establecido para la regulación del sector en cada país, la ubicación que éste adquiere hacia al interior de la administración pública y la posibilidad de autarquía con respecto al poder central.

^{[1] http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/314-que-es-la-soberania-alimentaria}

^[2]Cabe destacar que los procesos de concentración pueden traspasar las fronteras nacionales. En efecto, los tipos de concentración definidos  pueden desarrollarse tanto de manera local, como regional o mundial.

^[3]La importancia de este actor radica en que es el “único organismo intergubernamental consagrado a la cultura” (UNESCO; 2006).